Piden penas de cárcel para los dos acusados de filtrar los exámenes de la OPE de Osakidetza
Un médico y una opositora son los dos únicos acusados en esta causa que motivó la dimisión del entonces consejero de Salud, Jon Darpón
Vitoria-Gasteiz
La Fiscalía de Álava ha solicitado penas de dos años de prisión para un médico y de un año de cárcel para una opositora, los dos únicos acusados por la filtración de exámenes de la OPE de Osakidetza 2016-2017.
Después de que en septiembre de 2024 la Audiencia de Álava declarase el sobreseimiento del caso para 17 de los 19 investigados, el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria ha finalizado la investigación y ha dictado un auto de inicio de apertura de juicio oral contra un médico, entonces jefe de servicio del Hospital Donostia, especializado en cirugía plástica, estética y reparadora, y contra una opositora, pareja sentimental del hijo del facultativo acusado.
El Ministerio Fiscal considera al médico autor de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros, mientras que la mujer acusada habría incurrido en un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el médico, mientras que para la opositora pide ocho años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la seguridad social.
Las presuntas irregularidades en esta OPE, en la que participaron 72.500 personas, motivaron la dimisión del consejero, Jon Darpón, y llevaron a Osakidetza a repetir cinco exámenes de tres categorías.
A raíz de diversas denuncias, se investigaron posibles filtraciones en ocho especialidades médicas, con 19 personas imputadas -miembros de los tribunales y opositores-, de las que 17 fueron exoneradas al quedar sobreseídas las actuaciones.
En el auto de apertura de juicio oral contra los dos únicos acusados se recoge la calificación del Ministerio Fiscal, que relata que en torno al 5 de marzo de 2018 el acusado, jefe de servicio en el Hospital Donostia recibió el encargo por parte del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) de elaborar 50 preguntas del examen teórico de la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora.
Para ello, el facultativo, que ostentaba la condición de funcionario público, firmó un contrato de confidencialidad.
El fiscal asegura que antes del 20 de mayo de 2018, fecha en la que se realizaron los exámenes, el médico filtró las preguntas que había confeccionado a la acusada, opositora de la citada especialidad y "que al menos en aquella fecha era pareja sentimental del hijo del acusado".
Gracias a ello, prosigue el fiscal, la acusada contestó correctamente a 48 de las 50 preguntas, "obteniendo con ello una puntuación total de 72 puntos sobre 100, muy por encima del resto de opositores".
Su examen despertó las sospechas del presidente del tribunal, miembro del IVAP, quien recomendó a la acusada que se retirase de la OPE. Sin embargo, la acusada continuó adelante hasta el 22 de mayo, cuando remitió un correo electrónico en el que renunció a participar en la OPE.
La Fiscalía considera "probable" alcanzar un acuerdo de conformidad en este caso, por lo que pide al juzgado que cite a la víctima del delito en una audiencia preliminar para conocer su opinión.
