Fernando Prado, Obispo de San Sebastián: "La regularización de personas migrantes es un acto de justicia social"

San Sebastián

Hace unos días, el Gobierno español anunció que aprobará una regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de extranjeros que ya residen en el país. Sobre esto se ha pronunciado el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, asegurando que "acojo con esperanza este anuncio", ya que "se trata de un acto de justicia social y de reconocimiento a tantas personas que sostienen nuestra vida cotidiana desde la precariedad de la irregularidad y que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad".

Esta regularización "busca también caminos de justicia, de protección efectiva de derechos y de convivencia social", asegura Prado, además de ser "un complemento necesario a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería". Además, permitirá "mirar este momento con realismo, humanidad y fe". Este tipo de acciones "nos recuerda la dignidad inviolable de toda persona y su derecho a buscar condiciones de vida dignas y, cuando sea necesario, a emigrar".

Asimismo, "la Iglesia enseña con claridad el deber de acogida" y con ello lanza un mensaje al resto de naciones: "Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero". Fernando Prado también pide que la integración de estas personas se realice siguiendo unos criterios justos y ordenados: "Las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros", y añade que "la regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio es una condición indispensable para salvaguardar la dignidad humana".

"La autoridad pública es quien ha de ordenar la convivencia con criterios de bien común, sin olvidar nunca que el migrante no es un número, sino un rostro con su historia y su dignidad", decía Prado, y recordaba que "una regularización bien planteada, en sintonía con la legislación europea e internacional, puede ser un paso concreto para reconocer la dignidad de personas reales, abrirles el acceso efectivo a derechos, reducir vulnerabilidades y abusos, facilitando un marco de vida y de trabajo más justo, a la vez que se fortalece la convivencia social".

También recordaba que "como cristianos no podemos dejar que el miedo o el prejuicio nos nublen la mirada" y hacía mención a que el Evangelio nos enseña que todos somos hermanos y que, por eso, "los migrantes tienen la misma dignidad intrínseca que cualquier persona", lo que "nos previene de que se les considere menos humanos". Por esa razón, invita a "la comunidad diocesana a cultivar una auténtica cultura del encuentro que se traduzca en hechos, acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrándolos".

Aunque asegura que se trata de un trabajo de "reciprocidad" y que quienes llegan también deben "respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país o lugar que los acoge, apreciar su cultura, obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas", recuerda que la caridad cristiana "no es ingenua", sino que busca "la verdad, la justicia y el bien común para todos".

Ahora queda esperar a que este proceso de regularización comience a llevarse a cabo. En ese sentido, desea que "este proceso desarrolle un marco regulatorio definido, no indiscriminado y con criterios normativos claros", y pide que "se haga con agilidad, facilitando una tramitación sencilla y accesible, para que nadie quede desorientado o desamparado y se eviten abusos y falsas expectativas". Además, recuerda que "nuestra Iglesia de Gipuzkoa ofrece ya apoyo desde Cáritas diocesana y animo a quienes lo necesiten a acercarse con confianza".

Finalmente, concluye con un mensaje de concordia: "Que el Señor nos conceda a todos un corazón como el de una madre: capaz de una caridad en la justicia, que no se quede solo en palabras, sino que se traduzca en cercanía, ternura, protección, acompañamiento y fraternidad concreta".

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