Huelga indefinida en Servicios de Txingudi: la plantilla denuncia pérdida de poder adquisitivo y bloqueo del convenio

La plantilla de Servicios de Txingudi mantiene desde el pasado miércoles 11 de febrero una huelga indefinida tras el bloqueo en la negociación de su convenio colectivo. La empresa pública mancomunada, encargada del ciclo integral del agua, la recogida y tratamiento de residuos y la limpieza urbana en Irun y Hondarribia.

El conflicto laboral se intensificó después de meses de contactos sin avances significativos. Según el comité de empresa, la dirección no ha presentado propuestas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido ni equiparar las condiciones salariales con las del Ayuntamiento de Irun, pese a que la entidad está financiada por los consistorios.

Más de 16 puntos de poder adquisitivo perdidos

Los representantes sindicales denuncian que en los últimos años la plantilla ha perdido más de 16 puntos de poder adquisitivo. Reclaman subidas salariales vinculadas al IPC y una equiparación real con los empleados municipales que desempeñan funciones similares.

Además, critican que la última valoración de puestos presentada por la dirección ha sido “humillante”, ya que, según sus cálculos, más del 35% de la plantilla estaría cobrando por encima de lo que correspondería. En algunos casos, trabajadores con salarios en torno a 28.000 euros anuales verían reducida su retribución hasta los 26.000 euros, a pesar de desempeñar tareas consideradas de especial peligrosidad, como trabajos en arquetas y redes de saneamiento con exposición a agentes tóxicos y biológicos.

Servicios esenciales y alto volumen de trabajo

Servicios de Txingudi gestiona la captación, potabilización, distribución y depuración del agua, además de la recogida y tratamiento de residuos y la limpieza urbana. Cada habitante de Irun y Hondarribia genera en torno a 700 kilos de residuos al año, lo que da una idea del volumen de trabajo anual.

En dispositivos especiales, como las fiestas locales, la recogida puede alcanzar entre 171 y 195 toneladas en pocos días, reflejando tanto la capacidad operativa de la plantilla como la carga de trabajo estacional.

La huelga, secundada por unas 30 personas, se desarrolla con servicios mínimos, pero los trabajadores advierten de que el conflicto puede tener impacto directo en la prestación de servicios básicos si no se desbloquea la negociación.

Reuniones sin compromisos concretos

La negociación del convenio comenzó en marzo del pasado año. Tras una primera reunión en junio y varios paros acumulados desde noviembre, la segunda reunión formal con la dirección no se produjo hasta el 5 de febrero.

Según el comité, la empresa ha planteado dividir la negociación en cuatro bloques —valoración de puestos y equiparación, subidas salariales y recuperación de poder adquisitivo, entre otros— con reuniones que se prolongarían hasta mayo y sin necesidad de cerrar acuerdos previos para avanzar al siguiente bloque.

Para la parte social, este calendario es insuficiente en el contexto de una huelga indefinida. “Necesitamos hechos, no palabras”, subrayan, insistiendo en que la desconvocatoria solo será posible si hay compromisos concretos sobre la mesa.

Presupuesto al alza y reivindicaciones “asumibles”

En el último Consejo de Administración, celebrado el 10 de febrero, se aprobó un presupuesto de más de 41 millones de euros para la entidad. Según los representantes de los trabajadores, la equiparación salarial y la aplicación de subidas acordes al IPC no supondrían ni el 1% del presupuesto total.

En los últimos cinco años, los presupuestos habrían aumentado en torno a un 33%, mientras que los salarios lo han hecho aproximadamente un 12%, según datos aportados por el comité.

Mientras tanto, la dirección ha declinado participar en el espacio radiofónico en el que se expusieron estas reclamaciones, a la espera de nuevas reuniones. La próxima cita está fijada para el 20 de febrero, aunque los trabajadores no esperan una respuesta definitiva sobre cuestiones clave hasta principios de marzo.