La Diputación admite que los recursos de infancia "no pueden crecer al ritmo de las necesidades" en Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia ha reconocido públicamente la presión que soporta el sistema de protección a la infancia. La diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha admitido en las Juntas Generales que el incremento de casos ha llevado al “tensionamiento” del servicio y que los recursos disponibles no pueden ampliarse con la misma rapidez con la que crecen las necesidades.

La comparecencia se ha producido en la Comisión de Acción Social, donde EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han puesto el foco en la situación del área tras los datos trasladados por trabajadoras del servicio.

Más menores, perfiles más complejos

Antxustegi ha dibujado un escenario de cambio profundo en la realidad social. “Estamos asumiendo muchas más tutelas que en años previos y los menores que ingresan presentan perfiles cada vez más variados”, ha explicado, aludiendo tanto a niños muy pequeños como a adolescentes con graves problemas de conducta, menores con discapacidad o necesidades de salud mental.

Las cifras reflejan esa evolución: los expedientes de protección han pasado de 2.432 en 2022 a 2.592 en 2024. El acogimiento residencial ha crecido de 668 menores a más de 1.000 en ese mismo periodo, mientras que los menores migrantes sin referente familiar han aumentado de 382 a más de 688.

A esta presión se suma otro dato preocupante: el descenso de familias de acogida, que han pasado de 101 a solo 52 en dos años.

“Sería faltar a la verdad decir que podemos crecer al mismo ritmo”

La responsable foral ha defendido la actuación del departamento, pero ha sido clara sobre los límites actuales del sistema. “Debemos reconocer con honestidad que los recursos no pueden crecer a la misma velocidad que las necesidades que emergen. Sería lo ideal, pero sería faltar a la verdad”, ha afirmado.

Ante esta situación, la Diputación prioriza los casos más graves para garantizar la atención inmediata a los menores en mayor riesgo, manteniendo —ha subrayado— el compromiso con la protección de todos ellos.

Antxustegi también ha rechazado la idea de una administración “lenta o irresponsable” y ha defendido que se están dando pasos estructurales para reforzar el servicio.

La oposición alerta de menores sin intervención

El debate llega después de que EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia trasladaran datos que apuntan a retrasos significativos en la atención. Según estas cifras, 171 menores en situación de desamparo o grave desprotección estarían esperando la asignación de un coordinador de caso, con plazos que oscilan entre seis meses y un año sin intervención técnica efectiva.

Además, han denunciado la sobresaturación de la red de hogares, con alrededor de 30 menores pendientes de una plaza residencial.

Refuerzo de equipos y nuevos perfiles profesionales

La diputada ha anunciado varias medidas para aliviar la carga del sistema. Entre ellas, la incorporación de nuevas figuras profesionales —como trabajadores sociales y psicólogos—, el refuerzo de los equipos multidisciplinares y la estabilización de puestos clave de dirección para mejorar la coordinación interna.

También se prevé reorganizar espacios para acoger a más personal y ampliar programas que ya han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, especialmente los de intervención familiar y atención especializada.

Un reto estructural para los servicios sociales

Más allá de las medidas inmediatas, la comparecencia deja un mensaje de fondo: el sistema de protección afronta una transformación marcada por el aumento y la complejidad de los casos.

La propia Antxustegi lo ha resumido al señalar que “algo profundo está ocurriendo en nuestra sociedad”, un cambio que obliga a adaptar los servicios públicos a nuevas realidades sociales.

El desafío ahora pasa por equilibrar esa demanda creciente con la capacidad real de respuesta, en un ámbito especialmente sensible donde cada retraso tiene impacto directo en la vida de los menores.