Absuelven a siete activistas por facilitar el cruce fronterizo de 36 migrantes durante la Korrika
Los tribunales franceses han absuelto a los activistas acusados de facilitar el cruce fronterizo de 36 migrantes africanos durante el paso de la Korrika en marzo de 2024.
Imágenes de la Korrika 2024 a su paso por Irun
El Tribunal Correccional de Baiona ha absuelto este martes a los siete activistas acusados de ayudar a cruzar la frontera a 36 personas migrantes de origen africano aprovechando el paso de la carrera popular Korrika en marzo de 2024. Los acusados estaban imputados por presunto delito de tráfico de personas en el marco de un grupo organizado, tras una acción reivindicada como desobediencia civil por diversos colectivos.
Durante el juicio, celebrado en octubre de 2025, la Fiscalía solicitó multas de entre 1 000 y 1 500 euros para cada procesado. Sin embargo, el juez ha desestimado esa petición y ha dictado sentencia absolutoria.
Los hechos se remontan al 14 de marzo de 2024, cuando un grupo de activistas facilitó el cruce del puente de Santiago que une Irun y Hendaia a decenas de migrantes que participaban en la marcha de la Korrika en favor del euskera. Días después, varios colectivos reivindicaron públicamente la autoría de la acción como un acto de solidaridad y desobediencia frente a las políticas migratorias europeas.
El procesamiento generó una oleada de solidaridad que se tradujo en casi 5.000 autoinculpaciones y protestas sociales bajo el lema “J’accuse”, en las que participaron decenas de agentes sociales y políticos en contra de las medidas migratorias consideras injustas por los grupos implicados.
Reacción de LAB Sindikatua
En un comunicado emitido el mismo día de la sentencia, LAB Sindikatua ha valorado que la absolución “confirma lo que defendió desde el principio: que organizar la solidaridad de clase no es un delito, sino una obligación ética y social”. El sindicato ha remarcado que la sentencia “es fruto de la oleada de solidaridad popular” que se desató tras la imputación y ha considerado el fallo como una “victoria de la acción colectiva”.
Según LAB, el juicio “no debía haberse celebrado”, y en lugar de juzgar a los activistas “habría que cuestionar las leyes y políticas migratorias que, en su opinión, promueven racismo y violan derechos humanos sistemáticamente”. El sindicato ha subrayado que “la migración no es delito” y ha reclamado centrar el debate en marcos que garanticen procesos migratorios libres y seguros.
En su posicionamiento, LAB ha llamado a continuar con “la acción socio-sindical antirracista” y a fortalecer la colaboración entre trabajadores y colectivos solidarios para defender los derechos de las personas migradas y combatir “mensajes y prácticas basados en la discriminación y el odio”.
