ERE en Tubos Reunidos: "El acuerdo dependerá de qué tipo de representación sindical se imponga en las negociaciones"

Vitoria-Gasteiz

El futuro del Expediente de Regulación de Empleo en Tubos Reunidos "dependerá de qué tipo de representación sindical se imponga en las negociaciones, para que haya acuerdo o no". Así opina Ángel Toña, exconsejero de Empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y negociador en decenas de EREs, que ha explicado cómo es el procedimiento de esos despidos colectivos en 'La ventana Euskadi'. Toña aboga por un acuerdo. "Es bueno para todos".

Cuando una empresa presenta un Expediente de Regulación de Empleo, "estamos hablando de despidos colectivos, que afectan, al menos, al 10 por ciento de la plantilla, con un mínimo de 30 trabajadores", explica Toña, que no duda en asegurar que "estamos hablando seguramente de las medidas más traumáticas que puede haber, porque no se trata de modificar las condiciones de trabajo, sino de extinguir las relaciones laborales de un colectivo importante de trabajadores".

Ya no autoriza el Gobierno

Toña explica que los EREs están regulados en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores "y después en todos los desarrollos reglamentarios y, sobre todo, en la jurisprudencia a raíz de la nueva redacción del artículo 51". Así, recuerda que "antes los despidos colectivos se sometían a autorización administrativa y se negociaban, pero era el gobierno, el Gobierno vasco en nuestro caso, el que autorizaba o no el ERE". Ahora, sin embargo, se negocia y, terminado el periodo de negociación, que en el caso de empresas del tamaño de Tubos Reunidos suele ser de 30 días naturales, si hay acuerdo se aplica y, si no, el que decide si aplica o no el ERE es el propio empresario, "con independencia de que después los representantes de los trabajadores tienen derecho a presentar una demanda por despidos colectivos que, a su juicio, son improcedentes".

Toña recuerda que todo ERE debe cumplir una serie de requisitos. "Primero, tiene que justificarse debidamente en causas económicas, técnicas, productivas, organizativas. Tiene que presentarse un plan de viabilidad, que venga a sostener que, con la aplicación de esas medidas, la empresa tiene un futuro".

A partir de ahí, cuenta el exconsejero, "empieza una negociación buscando la salida menos traumática posible". "La empresa tiene que negociar, con toda la buena fe que pueda, para mejorar los mínimos legales que el Estatuto de los Trabajadores impone, que son los 20 días laborales por año trabajado, con un máximo de una anualidad, pero que se puede llevar hasta los 30, 40, 50 días, a lo que se negocie y con un plazo de 2, 3, 4 años, con prejubilaciones, con un plan de recolocación externa, con un convenio especial con la Seguridad Social si hay trabajadores mayores de 55 años... con muchas cautelas, pero traumáticas".

¿De qué depende el resultado de esa negociación? Toña cree que una clave es la correlación de fuerzas sindicales. Otra, qué piensan ellos que pasaría si no alcanzan un acuerdo y fuesen al juzgado". Aquí recuerda el exconsejero que "lo bueno y lo malo que tiene el ir al juzgado es que este no puede entrar a mediar en el conflicto y decir que, en vez de 300 despidos deben ser 150. Esto no lo puede hacer un juzgado. El juzgado tiene que entender si hay causa o no hay causa y si hay causa tiene que aplicar el despido tal y como plantea la empresa".

Flexibilidad en las dos partes

Al final, defiende que "las dos partes deben tener flexibilidad y saber que el punto de partida de hoy no va a ser el final dentro de 30 días". "Dentro de 30 días, si en vez de haber 300 despidos hay 200 o 150; si en vez de aplicarse unas indemnizaciones de 25 o de 30 días, se aplican de 40, 45 o 50 días y con las máximas anualidades; si hay más voluntarios que despidos forzosos; si hay un plan coherente de recolocaciones externas y de compromiso de recolocación interna en el caso de que la empresa vaya bien a futuro..."

La dirección de Tubos Reunidos ha sugerido que, de no llegarse a un acuerdo, podría solicitar un concurso de acreedores. Toña explica que esa medida "trata de resolver situaciones financieras, no situaciones laborales". "Pero las situaciones financieras que lleven a un concurso, con liquidación o con acuerdo con quitas, afectan mucho, porque una de las condiciones que pondrán los acreedores financieros será que, si se va a adelgazar la deuda financiera, también se adelgace el gasto laboral en la cuenta de explotación. Eso suele ser el pan de cada día".

Toña cree que si Tubos Reunidos entra en preconcurso puede conseguir una quita importante, como la ha conseguido Vicinay. Es consciente de las dificultades legales de la SEPI, principal acreedor de la empresa de Amurrio, para poder hacer quitas "y ahí vamos a entrar en un bucle enormemente delicado, porque ningún acreedor financiero se va a resistir a decir ¿por qué voy a hacer yo una quita de mi deuda si el organismo público, que es la SEPI, no lo va a hacer?".