El Pleno de Irun rechaza desvelar el origen de los detenidos por la Policía Local

El Pleno del Ayuntamiento de Irun abordó ayer una de las cuestiones que mayor división de opiniones está generando en el panorama político de Euskadi. Tras la decisión de la Ertzaintza de hacer públicos los datos sobre la procedencia de los arrestados desde el pasado mes de noviembre de 2025, los consistorios vascos se encuentran ahora en pleno debate sobre si sus respectivas policías municipales deben seguir el mismo camino. En una sesión marcada también por la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un paso administrativo fundamental para el desarrollo del proyecto Vía Irun y la futura integración ferroviaria, la corporación discutió los límites de la transparencia policial y la seguridad ciudadana.

Un frente por la transparencia estadística

El debate sobre la comunicación policial se articuló en torno a dos mociones presentadas por la oposición que, aunque finalmente rechazadas, pusieron el foco en la necesidad de armonizar los datos de la Udaltzaingoa con los de otros cuerpos. Carlota Sanz, del Grupo Municipal Popular, defendió que “la seguridad es la principal preocupación de los irundarras” y que el derecho a la información “debe prevalecer para evitar que el vacío de datos sea ocupado por rumores y manipulaciones”. Según Sanz, ofrecer datos oficiales sobre el origen de los detenidos, al igual que ya se hace con la edad o el sexo, “no busca generar prejuicios sino reforzar la confianza en las instituciones y combatir la desinformación con hechos contrastados”.

Por su parte, Gorka Álvarez (EAJ-PNV) sostuvo que “la opacidad es precisamente la que alimenta los bulos que la extrema derecha utiliza para vincular de forma interesada delincuencia e inmigración”. Para el grupo jeltzale, la sociedad de Irun es "mayor de edad" y debe ser tratada sin paternalismos, ofreciendo una transparencia que desmonte los discursos xenófobos que crecen ante la ausencia de claridad estadística. La propuesta nacionalista instaba a que, dentro del Pacto por la Seguridad y la Convivencia, se abordara la práctica de “informar de forma periódica sobre la nacionalidad de los detenidos” para mejorar el análisis de las políticas públicas y evitar la estigmatización que provoca la falta de información oficial.

El rechazo a la estigmatización y el sesgo

Desde el PSE-EE, Nuria Alzaga cuestionó directamente si “publicar la nacionalidad reduciría los delitos o frenaría los discursos de odio”, concluyendo que la respuesta es negativa y que, por el contrario, podría reforzarlos al ofrecer lecturas simplistas. Alzaga defendió que “la seguridad es una realidad compleja marcada por factores como la exclusión o la falta de oportunidades”, y que centrar el foco únicamente en el origen introduce un sesgo que “estigmatiza a colectivos enteros sin mejorar la eficacia policial”.

En esta misma línea, David Nuño (Elkarrekin Podemos) criticó que el debate se centrara en "titulares fáciles" en lugar de abordar las necesidades estructurales de la Policía Local, como “la falta de personal y recursos suficientes”. Por su parte, Gorka Berastegi (EH Bildu) calificó las mociones de "electoralistas", señalando que “no existe ningún argumento técnico que avale la publicación de la procedencia de los arrestados”. Berastegi retó a los proponentes a pedir también datos sobre la situación socioeconómica o de vivienda de los detenidos si lo que buscaban era una transparencia real y profunda, alejándose de lo que denominó populismos interesados.

El Pacto de Seguridad como escenario de futuro

A pesar del rechazo de ambas mociones, todos los grupos coincidieron en señalar la importancia del Pacto por la Seguridad y la Convivencia de Irun, firmado en 2022 y renovado en 2024, como la herramienta clave para trabajar de forma conjunta. Sin embargo, el debate evidenció que existen visiones enfrentadas sobre cómo debe evolucionar dicho acuerdo en materia de comunicación. Mientras el PNV insistió en que los consensos deben adaptarse a las nuevas realidades sociales y que la información estadística debería incorporarse a los informes periódicos para mejorar las políticas públicas, los contrarios a las mociones reafirmaron su apuesta por este espacio como una herramienta de trabajo conjunto, pero alejada de lo que consideran lecturas simplistas. El portavoz jeltzale concluyó reiterando que el objetivo de su propuesta no era puramente policial, sino sociológico: combatir los discursos extremistas que ya están presentes en la ciudad y que podrían derivar en futuras faltas de libertades.