Los precios de los portales inmobiliarios "no cumplen la ley de vivienda"

San Sebastián

Barrios como Intxaurrondo o Egia alcanzan a día de hoy cifras entre 1.100 y 1.300 euros mensuales, cantidades incompatibles con los límites que establece la normativa en municipios tensionados, como aseguran desde Stop Desahucios.

La plataforma, mediante un comunicado, denuncia que muchos portales y agencias inmobiliarias están ofreciendo viviendas en alquiler con precios que no respetan los límites establecidos por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda y con la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto del Consumidor. Además esto se produce en municipios tensionados de Gipuzkoa.

Petición de inspecciones y sanciones

Ante esta situación, la organización reclama una mayor intervención institucional. En concreto, piden que el organismo público Kontsumobide supervise el mercado y sancione las posibles infracciones conforme al Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias del País Vasco.

Según su portavoz, Rosa García, la normativa ya contempla sanciones para los casos en los que se vulnera la transparencia del mercado o se incumplen las obligaciones legales en materia de consumo. Sin embargo, considera que el problema actual es la falta de inspecciones.

Stop Desahucios anima además a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades ante las oficinas municipales de consumo si detectan anuncios de alquiler que no se ajustan a la ley.

Alquileres que superan los límites legales

Stop Desahucios asegura que la oferta actual de alquiler en varios municipios tensionados no está respetando las normas vigentes. Según García, basta con consultar los portales inmobiliarios para comprobar que los precios continúan subiendo, incluso en barrios que no son considerados de alto nivel residencial.

En este contexto, Stop Desahucios recuerda que la ley establece obligaciones diferentes según el tipo de propietario. En el caso de pequeños tenedores, cuando un contrato finaliza, el nuevo alquiler debe respetar el precio del último contrato firmado en los últimos cinco años. Por su parte, los grandes tenedores —propietarios de cinco o más viviendas en un mismo municipio— deben ajustar el precio a los índices de referencia publicados oficialmente.

La responsabilidad de las inmobiliarias

Desde la plataforma también señalan el papel de las agencias inmobiliarias en este proceso. Según García, estas empresas deberían informar a los propietarios sobre los límites legales antes de anunciar una vivienda en el mercado.

La portavoz considera que muchos pequeños propietarios podrían estar siendo mal asesorados, mientras que los grandes tenedores, asegura, conocen perfectamente la normativa. "Los precios que estamos viendo son especulativos y no cumplen la ley de vivienda", afirma Rosa García.

Stop Desahucios sostiene que la falta de control sobre los anuncios de alquiler está permitiendo que se mantengan precios muy por encima de los niveles que marca la legislación.

Una crisis de acceso a la vivienda

Para la organización, el incremento del precio del alquiler está generando un problema social cada vez más grave. García asegura que muchas familias están dedicando entre el 40 % y el 50 % de sus ingresos al pago del alquiler, una situación que considera "insostenible".

La plataforma advierte además de que durante 2026 finalizarán miles de contratos de alquiler en Euskadi, lo que podría provocar nuevas subidas de precios si los propietarios intentan firmar nuevos contratos con rentas más altas.

Según Stop Desahucios, si se aplicaran correctamente los límites establecidos por la ley, el mercado del alquiler podría estabilizarse y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y personas con menos recursos.

La portavoz insiste en que el objetivo final es garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación en el mercado inmobiliario. "La vivienda es un derecho, no un negocio", concluye.

Las posibles soluciones a esta crisis

Entre las medidas que propone la plataforma, Rosa García insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia institucional para garantizar que se cumpla la normativa vigente en el mercado del alquiler. En este sentido, reclama que el organismo público Kontsumobide y las oficinas municipales de consumo realicen inspecciones sobre los anuncios publicados en portales y agencias inmobiliarias y sancionen aquellos casos en los que se superen los límites establecidos por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda.

La portavoz también defiende que las inmobiliarias informen correctamente a los propietarios sobre las obligaciones legales antes de poner una vivienda en alquiler. Según explica, los pequeños tenedores deben respetar la renta del último contrato firmado, mientras que los grandes propietarios deben ajustar los precios a los índices de referencia oficiales. Para la plataforma, aplicar de forma estricta estas medidas permitiría frenar la especulación, reducir la presión sobre los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y personas con menos recursos.

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