La asociación Infancia Robada tacha de “disparate” la actitud de La Salle con las víctimas de abusos sexuales en Donostia

La Asociación Nacional Infancia Robada, ANIR, considera insuficiente la respuesta planteada por La Salle en el caso de los abusos sexuales cometidos durante décadas por el religioso Patxi Ezkiaga en el colegio de San Sebastián y pide a las víctimas que esperen al futuro convenio entre el Defensor del Pueblo estatal, el Estado y la Iglesia. La valoración llega después de que el Ararteko haya dado por cerrado sin acuerdo el proceso de interlocución abierto con una treintena de afectados.

La asociación cuestiona de nuevo el Plan PRIVA, la vía impulsada por la Iglesia para canalizar reparaciones individuales, y la considera incapaz de dar una respuesta adecuada a casos de esta dimensión. Su portavoz, Juan Cuatrecasas, denuncia que ese sistema pone trabas, cuestiona en algunos casos el relato de las víctimas y maneja indemnizaciones que juzga arbitrarias y alejadas de la gravedad del daño. Sitúa algunas cuantías entre 4.000 y 20.000 euros.

Esperar al marco estatal

ANIR entiende que, en este momento, cualquier salida fuera del acuerdo que preparan el Defensor del Pueblo, el Estado y la Iglesia nace limitada. Por eso plantea que las víctimas de La Salle esperen a ese nuevo marco, que debe fijar criterios comunes de reconocimiento y reparación bajo la coordinación de Ángel Gabilondo.

La asociación enmarca además este caso en un problema más amplio. A su juicio, no basta con compensaciones económicas caso por caso, sino que hace falta una respuesta con mayor respaldo institucional para víctimas cuyos casos hayan prescrito, para situaciones en las que el agresor haya fallecido e incluso para familias de víctimas ya fallecidas.

Más allá de la indemnización

ANIR pone también el acento en el reconocimiento público de las víctimas. Entre sus reclamaciones figura la creación de algún tipo de acreditación oficial que facilite después el acceso a apoyo psicológico, derechos sociales y protección frente a posibles represalias cuando se denuncia.

En esa línea, Cuatrecasas considera que el cierre sin acuerdo del proceso en La Salle refuerza la necesidad de una vía externa a los mecanismos internos de la Iglesia. La previsión de la asociación es que durante este mes de marzo pueda haber novedades sobre ese convenio estatal.