La aprobación definitiva del PGOU de Hondarribia se dilata tras las correcciones técnicas exigidas por la Comisión de Ordenación del Territorio

El Ayuntamiento de Hondarribia ha recibido el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento, aunque avala el modelo territorial propuesto, condiciona la aprobación definitiva a la subsanación de una serie de deficiencias técnicas y normativas. Este nuevo trámite administrativo compromete el calendario previsto por el Gobierno municipal, que situaba la aprobación final para el mes de junio, y abre un nuevo escenario temporal que podría prolongarse hasta el último trimestre del año.

Un dictamen favorable con condicionantes técnicos específicos

El informe de la COTPV analiza la adecuación del planeamiento a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y a los instrumentos de Ordenación Territorial vigentes. En sus conclusiones, el órgano autonómico valora positivamente el modelo de ocupación del suelo, la cuantificación residencial que prevé un máximo de 1.590 nuevas viviendas y la reserva de suelo para actividades económicas. Asimismo, el dictamen ratifica la compatibilidad del expediente con los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) de ríos y arroyos, agroforestal y la red de vías ciclistas de Gipuzkoa.

Sin embargo, para obtener la luz verde definitiva, el consistorio debe realizar ajustes de calado en el documento. Entre ellos destaca la obligación de adaptar la normativa de usos en el ámbito de Jaizkibel conforme al PTS del Litoral y revisar la clasificación del suelo en el área de Higer. Además, el Ayuntamiento deberá justificar de forma detallada el cumplimiento de los estándares mínimos de espacios libres exigidos por ley y establecer explícitamente que el desarrollo de los ámbitos de Elbistieta y Zaldunborda Gaina queda condicionado y coordinado con el futuro Parque Interurbano.

El nuevo horizonte temporal: el objetivo de junio queda comprometido

A pesar de que el alcalde de Hondarribia manifestó recientemente en Radio Irun la voluntad de contar con el PGOU aprobado para el mes de junio, los plazos administrativos derivados de este informe plantean un escenario diferente. El Ayuntamiento estima un periodo de tres meses para que los servicios técnicos integren las modificaciones exigidas. Una vez realizado este trabajo, el expediente no irá directamente a Pleno, sino que deberá ser remitido nuevamente a la Comisión de Ordenación del Territorio para que esta emita un informe definitivo que verifique la correcta incorporación de las correcciones.

Teniendo en cuenta que la COTPV dispone de sus propios plazos de respuesta y que, posteriormente, el documento debe seguir su curso hacia la ratificación final por el Pleno municipal, el horizonte de aprobación podría desplazarse hacia el mes de noviembre. Esta demora técnica supone un ajuste sobre la previsión inicial del ejecutivo local, que buscaba desbloquear este año el planeamiento que sustituirá a las normas vigentes desde hace décadas.

Discrepancias políticas por la gestión de la información

El avance del expediente ha reabierto el debate político en la corporación local. El grupo municipal de EAJ-PNV ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno de Abotsanitz, criticando que los detalles del informe se hayan dado a conocer a los medios de comunicación antes que a los grupos de la oposición. Los jeltzales han solicitado la entrega inmediata del documento íntegro para analizar el alcance real de las observaciones realizadas por el Gobierno Vasco, especialmente en lo relativo al Patrimonio Cultural Vasco y a la seguridad jurídica de la normativa propuesta.

Desde la oposición se subraya que la ausencia de detalles técnicos en la comunicación oficial impide conocer con precisión los próximos pasos de un proceso que consideran estratégico para el futuro de la ciudad. Por su parte, el Gobierno municipal insiste en que los ajustes no alteran el modelo de ciudad planteado y que el trabajo se centra ahora en reforzar la coherencia normativa del expediente para garantizar su viabilidad legal en la fase final de su tramitación.