La justicia investiga una posible negligencia en el descarrilamiento de un tren de mercancías en Irun

La investigación sobre el incidente ferroviario ocurrido el pasado 6 de febrero en el barrio de Belaskoenea ha dado un giro significativo al entrar en la vía judicial. Lo que en un principio se notificó como una incidencia técnica común en un convoy de mercancías, está siendo analizado ahora por el Juzgado de Instancia número 4 de Irun y la Ertzaintza bajo la premisa de un posible "delito de daños". El objetivo de las diligencias es determinar si existió algún tipo de imprudencia o negligencia en el descarrilamiento de este tren que, según se ha confirmado tras una iniciativa parlamentaria del PP, transportaba diversas materias peligrosas en el momento del suceso.

Tres cisternas y materias peligrosas en Belaskoenea

A diferencia de las primeras informaciones facilitadas en febrero, que apuntaban a un solo vagón afectado, los datos remitidos ahora por el Departamento de Seguridad revelan que fueron tres las cisternas que se salieron de los raíles. El aviso oficial se registró a las diez y cincuenta y seis minutos de la noche y, aunque la patrulla de la Ertzaintza llegó al lugar en apenas seis minutos, la resolución total de la incidencia se demoró hasta 48 horas después. A pesar de la naturaleza de la carga, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha querido recalcar en su informe que las cisternas permanecieron intactas y no hubo fugas ni afección al entorno, asegurando que "no existía riesgo inmediato para la población" de Irun.

Silencio administrativo por la investigación judicial

Un aspecto clave de esta actualización informativa es la reserva que mantiene el Ejecutivo autonómico sobre los detalles técnicos del accidente. Bingen Zupiria ha rechazado atender a la llamada de la Cadena SER para dar explicaciones más allá de la respuesta parlamentaria, escudándose en que, al encontrarse los hechos bajo investigación judicial, no es posible trasladar más información técnica sobre las causas exactas de la rotura de los raíles.

Competencia estatal y supervisión de la vía

Por su parte, el Departamento de Movilidad Sostenible, dirigido por Susana García Chueca, ha querido desvincularse de cualquier responsabilidad en el mantenimiento de la infraestructura. Al tratarse de una línea integrada en la Red Ferroviaria de Interés General, la competencia de supervisión e inspección recae exclusivamente sobre el organismo estatal Adif. La consejera ha admitido que su departamento no tenía "conocimiento previo" de ninguna anomalía o deficiencia en la vía antes de que el convoy descarrilara, afectando a cinco trenes de Cercanías y uno de Media Distancia. Ahora, será el juez quien determine si detrás de este suceso se esconde una falta de mantenimiento punible en la red ferroviaria de la comarca del Bidasoa.