Benta Berri lleva al Parlamento Vasco el futuro de 510 VPO en San Sebastián: “Hay vecinos que llevan 30 años aquí, ¿adónde van a ir?”

El conflicto de las VPO de Benta Berri vuelve esta semana al primer plano político. Los vecinos acudirán este martes al Parlamento Vasco para exponer una situación que afecta a 510 viviendas en alquiler y, según ha avanzado la propia asociación vecinal, el caso llegará también al pleno del Ayuntamiento de Donostia del jueves. La actualidad inmediata llega después de que el Departamento de Vivienda mediara con la propiedad y lograra frenar, por ahora, los avisos de no renovación que habían reactivado la alarma entre los inquilinos.

Lo que está en juego, según explican, es el futuro completo de una promoción muy singular. Se trata de 510 VPO en alquiler ubicadas en Benta Berri, en el barrio del Antiguo, construidas a finales de los años noventa sobre suelo público mediante una fórmula poco habitual. El Gobierno Vasco adjudicó por concurso la edificación y explotación durante 75 años del derecho de superficie a una unión temporal de empresas. Durante los primeros 30 años, estas viviendas debían mantener su calificación de protegidas, un plazo que vence a finales de 2028.

Por qué Benta Berri es un caso distinto

Las viviendas son protegidas, pero no forman parte del parque público convencional. Esa singularidad ha acompañado a la promoción desde el principio y explica buena parte de la incertidumbre actual. En la documentación oficial del Gobierno Vasco sobre la zona tensionada de Donostia, estas 510 viviendas figuran expresamente como parque de alquiler protegido de titularidad privada, diferenciado del de Donostiako Etxegintza, Gobierno Vasco o Alokabide.

Durante años, los contratos se han ido renovando y los inquilinos han seguido viviendo en esos pisos, pero sin la estabilidad jurídica de una promoción pública permanente. Según la reconstrucción que hacen las plataformas vecinales y la hemeroteca reciente, hace dieciséis años "ya hubo que pelear por la continuidad de los arrendamientos", y en 2018 las adjudicatarias originales vendieron los pisos a Testa Socimi-Blackstone, el fondo que hoy aparece vinculado a la propiedad.

Las cartas que encendieron las alarmas

A comienzos de marzo las asociación vecinal denunció que varias decenas de inquilinos habían recibido comunicaciones en las que se les advertía de que, tras una última renovación, su contrato no continuaría. El alcalde de Donostia, Jon Insausti, trasladó entonces al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, la “total colaboración” del Ayuntamiento para defender a las familias afectadas, mientras Lakua se comprometía a “dar la batalla” para evitar desalojos o salidas forzadas.

La mediación posterior ha rebajado la tensión inmediata. Itxaso aseguró el 18 de marzo que las 510 viviendas mantendrán sus condiciones actuales, al menos, hasta noviembre de 2028, fecha en la que está previsto que decaiga la protección pública de la promoción. Para los vecinos, ese movimiento no resuelve la situación.

Qué piden los vecinos

Una vez expire la protección oficial, la propiedad dejará de estar sujeta a las limitaciones propias de una VPO. Las plataformas vecinales temen que eso abra la puerta a fuertes incrementos de renta, cambios de condiciones o incluso a una sustitución progresiva de los actuales inquilinos.

La reivindicación vecinal pasa por evitar que la extinción de la protección convierta de golpe estas viviendas en alquiler libre o en un activo sometido a la lógica de máxima rentabilidad. En las últimas semanas, Stop Desahucios y Alokairu de Benta Berri han anunciado su intención de llevar el asunto al Parlamento Vasco para reclamar implicación institucional y una salida de fondo.