El profesor acusado en Irun niega los hechos en el juicio por presuntos delitos sexuales a menores
La Fiscalía solicita 22 años de prisión por varios delitos relacionados con la indemnidad sexual de menores

GRAFCAV1362. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/03/2026.- El acusado, Jon Perurena (c), observa una cocentración en su contra en la Audiencia de Gipuzkoa, antes de arrancar el juicio contra este profesor para el que la Fiscalía solicita penas que suman 22 años de cárcel, acusado de solicitar favores sexuales a tres alumnas menores de edad de un centro educativo de Irun (Gipuzkoa). EFE/ Juan Herrero / Juan Herrero (EFE)

El juicio contra el profesor acusado de ofrecer dinero o regalos a tres menores, dos de ellas alumnas suyas en un centro de Irun, a cambio de favores de carácter sexual continúa en la Audiencia de Gipuzkoa. La Fiscalía mantiene una petición de 22 años de prisión por varios delitos relacionados con la protección de menores, en una causa que sitúa los hechos en el curso 2023-2024.
En la primera sesión, el acusado negó las acusaciones y sostuvo que responde a una persecución laboral prolongada en el tiempo. Frente a esa versión, la vista oral incorporó los testimonios de agentes y responsables del centro educativo, que relataron cómo varias alumnas trasladaron su malestar por mensajes y contactos que consideraban impropios en el marco de la relación entre profesor y estudiantes.
La acusación se centra en la relación mantenida con varias menores
Según la Fiscalía, el docente habría cruzado los límites exigibles a cualquier relación educativa al mantener conversaciones y contactos inadecuados con varias menores. El Ministerio Público le atribuye delitos de solicitud de favores sexuales a menores, acercamiento con fines sexuales a través de internet, amenazas y exhibición sexual.
Antes del inicio del juicio, el fiscal portavoz de Gipuzkoa, Jorge Bermúdez, explicó que el caso obliga a delimitar la diferencia entre una relación cercana con el alumnado y una conducta que, según la acusación, traslada a las menores a un contexto impropio y sexualizado. La Fiscalía plantea además una de las calificaciones de forma alternativa, a la espera de cómo valore la Sala el conjunto de la prueba.
La investigación apunta al uso de una cuenta falsa en Instagram
Uno de los elementos que han aflorado en la primera jornada es el uso presunto de un perfil falso de Instagram desde el que el acusado habría contactado con alumnas. El ertzaina que instruyó el atestado explicó en la vista que varias menores acudieron a profesoras del centro porque se sentían incómodas por el contenido de esos mensajes.
Ese mismo agente señaló que, al analizar el teléfono intervenido al procesado y contrastarlo con las capturas conservadas por las denunciantes, observaron que parte de las conversaciones había sido borrada. También relató que el profesor remitió un correo a alumnado del centro advirtiendo de que la difusión de esos mensajes podía tener consecuencias legales.
El centro activó el protocolo tras conocer los mensajes
Durante la vista declararon también dos profesoras, la directora del centro y un inspector de Educación. Según sus testimonios, fueron varios alumnos quienes alertaron al profesorado de la existencia de esos contactos y de conversaciones que consideraban impropias. A partir de ahí, la dirección puso los hechos en conocimiento de la Ertzaintza.
El inspector de Educación explicó además que el acusado impartía clase a alumnado de ESO y de un programa específico para estudiantes con especiales dificultades. También recordó que años antes ya se le había abierto un expediente disciplinario por conducta inadecuada y mala praxis en otro centro.
El acusado rechaza la versión de la Fiscalía
A su llegada a la Audiencia, el procesado rechazó de forma tajante los hechos y defendió que nunca realizó proposiciones sexuales a alumnas. En su relato, la causa forma parte de un acoso laboral que, según sostuvo, ha sufrido en distintos destinos profesionales.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que su actuación responde a la necesidad de proteger a las víctimas y, de forma especial, a los menores, y defiende que los hechos que se juzgan exceden con claridad el marco de una relación docente adecuada.




