"Nos obligaban a escondernos durante las inspecciones": Arranca el juicio contra los responsables de La Gilda del Norte acusados de explotación laboral

El juicio contra los responsables de la empresa La Gilda del Norte ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia, con el principal responsable y su hija, en el banquillo de los acusados por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía solicita para él una pena de un año de prisión, aunque podría enfrentarse a condenas de hasta seis años, mientras que no aprecia responsabilidad penal en ella.

En esta primera jornada han declarado tres trabajadoras que ejercen la acusación y han ratificado las denuncias que dieron origen al caso. Otros tres testigos han descrito condiciones laborales irregulares y situaciones de vejación. Todos los testificantes han coincidido en el relato de episodios en los que durante inspecciones de trabajo, debido a la nulidad de papeles, tenían la obligación de esconderse en baños, cámaras frigoríficas o rincones de las naves para evitar "un problema para él".

Ni entrevistas, ni cursos, ni medidas de protección

Todos ellos han relatado que empezaron a trabajar a través de familiares o conocidos que ya se encontraban trabajando en la empresa y que comenzaron a realizar sus tareas sin recibir instrucciones de ninguna clase y sin contrato, ni alta en la Seguridad Social.

Una de las denunciantes, que entró en la empresa a través de su hermana, ha explicado que fue "directa a trabajar en el obrador" sin tener contacto con el dueño. Allí le enseñaron a hacer las 'gildas' y también estuvo un mes en el invernadero de Lezama "cortando guindillas". Según ha declarado, trabajaban de seis de la mañana a dos de la tarde por 800 euros, que recibían "en metálico en un sobre", y les pagaban 25 euros extra si se quedaban a trabajar por las tardes y 50 euros más si iban los sábados.

La denunciante, que ha dicho que también realizó tareas de limpieza, ha explicado que el dueño de la empresa le dijo que, a medida que fuera pasando el tiempo, regularizaría su situación con un contrato que "nunca hizo", y también ha señalado a la hija del empresario como "la jefa del invernadero" y la persona "encargada de dar las pautas de trabajo y de recogida de pedidos" en el pabellón de Basauri y de "controlar los horarios" en un "cuaderno".

Sobre las condiciones de trabajo, ha asegurado que eran de "explotación, sin tiempo para comer, por la cantidad de pedidos que nos exigían" y ha dicho que, durante el tiempo que trabajó en la empresa, eran "unas 25 personas" en las mismas condiciones irregulares.

Además, las tres denunciantes han declarado la ausencia de medidas de protección durante la pandemia, asegurando que no se realizaban controles médicos ni se facilitaban elementos básicos como guantes o mascarillas.

Uno de los testimonios más graves ha sido el de una trabajadora que ha afirmado que, tras quedarse embarazada, la hija del empresario, la encargada de los turnos y del control del personal, le sugirió abortar en una clínica cercana, a lo que ella se negó.

Por su parte, esta segunda responsable de la empresa se ha acogido a su derecho a no testificar y ha solicitado ausentarse de la próxima sesión de este miércoles, en la que está previsto que sí comparezca el principal acusado.

Inspecciones desde 2020

Según la investigación de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional, la empresa habría empleado durante años a trabajadores extranjeros sin contrato, pagándoles en negro por debajo del salario mínimo y ocultándolos ante posibles inspecciones. Los hechos se remontan, al menos, a 2018, aunque las inspecciones comenzaron en 2020, en plena pandemia.

La Inspección ya ha sancionado a la empresa con más de 40.000 euros por irregularidades laborales. Por su parte, las denunciantes reclaman una indemnización de 7.500 euros por daños morales.

"Todo es un montaje"

El empresario y su hija, que niegan todas las acusaciones, han sostenido en los últimos meses que se trata de "un montaje" y han asegurado que algunos denunciantes se han retractado o fueron presionados para declarar en su contra.

Por su parte, la mujer y madre de los acusados, en declaraciones a Radio Bilbao a la salida de la sesión de hoy, ha suscrito que se trata de un "auténtico montaje, tengo audios y vídeos de compañeras de ellas que están trabajando ayudándonos y animándonos. Querían venir a declarar y tengo certificaciones de una que ha estado testificando hoy diciendo que su abogada le obliga a venir".

"Nos han hecho muchísimo daño, mi hijo ha dejado de estudiar y mi hija la mayor ha tenido una depresión terrible, nos están hundiendo la vida y todo porque quieren 7.500 euros que no nos ha dado la gana de darlos, porque con 7.500 euros no se arregla esto, no se arregla todo el daño que han hecho a nuestra familia, no es justo y no quisimos pagarle para llegar a una negociación porque hay que defender el honor, lo único que ha hecho mi marido mal es tener a gente sin papeles, pero como tiene todo el mundo, porque yo voy a la panadería y la chica debajo de mi casa no tiene papeles", ha firmado la mujer de la parte acusada.