“Necesitamos una energía verde, pero para mi es roja, porque nos están matando al sector primario”
Agricultores, ecologistas, movimientos sociales y ayuntamientos han presentado cerca de 7.200 alegaciones a los proyectos fotovoltaicos de Solaria en Álava

Colectivos agrarios, sociales y ecologistas opinan sobre los proyectos de Solaria en Álava
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Vitoria-Gasteiz
Este jueves ha terminado el plazo para la presentación de alegaciones a los 19 parques fotovoltaicos Zierbena Solar con impacto directo en el territorio alavés. El malestar en muchos municipios ha aumentado desde enero, cuando la empresa solicitó autorización para estos proyectos que forman parte del macroplan de Solaria que contempla 29 plantas solares, nueve subestaciones eléctricas y más de 200 kilómetros de líneas de evacuación eléctrica.
En Hoy por hoy Vitoria hemos reunido a agricultores, ecologistas y movimientos sociales. La presidenta de UAGA, Edurne Basterra, ha explicado que en esta última fase de tramitación se han presentado alrededor de 7.200 alegaciones, lo que "sumadas con las que teníamos ya anteriormente hacen un total de unas 60.000 alegaciones y eso quiere decir que la sociedad alavesa está en contra de estos proyectos fotovoltaicos”.
Basterra ha advertido que estos proyectos pueden afectar a unas 1.167 hectáreas de las cuales más del 90% son tierras agrícolas y que su desarrollo tendría consecuencias graves sobre el paisaje, el uso del suelo, la biodiversidad y la actividad económica en el medio rural. "Necesitamos energía verde pero para mi verde no va a ser, va a ser roja porque no están matando, asesinado al sector primario" ha lamentado.
Antecedentes
El rechazo a este tipo de instalaciones no ha surgido ahora. El año pasado ya se vivió un proceso similar con otros proyectos ligados a la misma infraestructura eléctrica, en municipios como Ribera Baja, Zigoitia o Vitoria e Iruña de Oca, registrándose al menos 1.800 alegaciones.
Entre los argumentos planteados entonces se encontraba la ubicación de las plantas sobre suelos de alto valor agroforestal, su instalación en zonas de exclusión según la planificación territorial de energías renovables, y la posible fragmentación de macroproyectos.
Los colectivos han denunciado que la empresa promotora ha fragmentado los macroproyectos en 19 instalaciones de menos de 50 MW cada una, con el objetivo de eludir la autorización estatal y la evaluación integral de impacto ambiental. Esta práctica ha sido calificada como un claro fraude de ley, ya que el proyecto se presenta de forma fraccionada para aparentar que son iniciativas menores.
Roberto Ruiz de Gauna de Araba Bizirik ha recordado que los primeros proyectos de este tipo en el territorio se remontan a 2021. “Los primeros parques que presentó Solaria aquí vienen desde 2021 y desde entonces no ha hecho más que crecer de manera desordenada”, ha asegurado. Además, ha explicado que la preocupación ha ido aumentando, porque no se trata de un único proyecto, sino de un conjunto de instalaciones que pueden afectar diferentes puntos del territorio.
Los colectivos también han alertado sobre la línea de evacuación eléctrica asociada a los parques, que puede afectar a zonas sensibles y plantea riesgos sobre la salud y el impacto visual en los pueblos cercanos.
Impacto en agricultura, biodiversidad y movilización
Uno de los aspectos más preocupantes ha sido la afección al sector primario. Desde el ámbito agrario destacan que muchas hectáreas incluidas en los proyectos están actualmente dedicadas a cultivos herbáceos y que no se ha evaluado el impacto real sobre la actividad agrícola. Basterra ha subrayado que “Estas hectáreas que se quieren ocupar están destinadas actualmente a cultivos y no se ha hecho ningún estudio sobre el impacto que esto puede causar en el sector primario”.
Muchos propietarios y trabajadores han declarado que desconocían que sus parcelas estaban afectadas, generando incertidumbre ante posibles expropiaciones si las instalaciones se declaran de utilidad pública. “Si esto sale adelante, podría ser devastador para la viabilidad del sector primario en Álava”, afirma Basterra.
Desde el ámbito ecologista, Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, advierte que los proyectos pueden afectar a especies protegidas como el aguilucho cenizo, el alimoche o el águila real, impactando a más de la mitad de las áreas críticas de estas aves en la zona occidental del territorio. Illana insiste en que no se ha realizado una evaluación integral de impacto ambiental, sino estudios parciales por proyecto, lo que ha ocultado el efecto acumulativo sobre la biodiversidad y el paisaje.
La alcaldesa de Ribera Baja, Menchu Zamorano Rubio, ha asegurado que “nos comen el territorio, nos roban el paisaje y nos quitan la forma de vida rural”, y ha añadido que los pueblos pueden verse rodeados de placas solares, torres de alta tensión y subestaciones, sin planificación ni control.
Movilización el 23 de mayo
Ante esta situación, desde Araba Bizirik han anunciado una movilización en apoyo al sector primario para el 23 de mayo, previsiblemente a las seis de la tarde, con el objetivo de exigir que estos desarrollos se realicen de manera planificada y respetuosa con el territorio.
El debate sobre cómo implantar energías renovables en Álava y qué impacto tendrán en el territorio ha generado amplio debate social, mientras continúa el proceso administrativo y la movilización ciudadana.




