“Muchas víctimas no dieron el paso con el plan PRIVA porque la Iglesia era parte y juez”

El nuevo protocolo de reparación para víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica ya es una realidad. El acuerdo, firmado este lunes por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la CONFER y el Defensor del Pueblo, activará desde el 15 de abril una nueva vía para quienes ya no pueden acudir a la justicia porque sus casos han prescrito o porque el agresor ha fallecido. El sistema abre una vía no solo para la compensación económica, sino también para la reparación colectiva, y será el Defensor del Pueblo quien evalúe cada caso y formule la propuesta final.

Es, precisamente, lo que reclaman las víctimas del religioso Patxi Ezkiaga, en el colegio La Salle de San Sebastián tras un proceso fallido con la congregación. El anuncio ha sido recibido con alivio entre quienes desconfiaban del sistema interno de la Iglesia como es el caso de Marisol Zamora. Según explica, hasta ahora solo ella se había atrevido a acudir al plan PRIVA. “Las demás habían dicho ya que no lo iban a hacer”

En su relato, el proceso del PRIVA obligaba a entregar información personal y médica y a remitirla por una vía email. “La solicitud que tenías que hacer vía internet era primero nombre, todos los datos personales, procesos médicos, terapias psicológicas... Lo mandabas a un correo electrónico que no sabes quién lo recoge, luego eso se lo mandan al colegio de La Salle o a la congregación”, explica a Radio San Sebastián. “Vuelves a pasar por un proceso de tres meses brutal”, lamenta.

Una vía externa al sistema interno de la Iglesia

El nuevo mecanismo se tramitará a través de una unidad del Ministerio de Justicia, pero será la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la que haga una evaluación individualizada y plantee la propuesta de reconocimiento y reparación. La Iglesia deberá asumir esa reparación, aunque podrá discrepar; en ese supuesto, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

Ese cambio que consideran determinante. Introduce una distancia institucional que antes no existía. “Creemos que es un grupo más imparcial”, señala.

“Nosotras no queríamos dinero”

El nuevo sistema no fija baremos ni cantidades cerradas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha subrayado que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, aunque el protocolo sí prevé compensaciones económicas y también reparaciones simbólicas, restaurativas o espirituales. Además, el Gobierno ha aceptado que esas reparaciones queden exentas de tributación, especialmente en el IRPF.

Zamora insiste en que la reclamación de las víctimas de La Salle no ha estado centrada en el dinero. “Nosotras cuando iniciamos el proceso con el Ararteko en ningún momento había un tema económico”, explica. “Nuestras solicitudes eran de reparaciones morales”. En esa misma línea, añade que siguen reclamando “una reparación colectiva” y no únicamente una compensación individual.

Zamora explica que prevén dar los siguientes pasos con el acompañamiento del Ararteko, que les ha venido respaldando hasta ahora. También confirma que, en su caso, haber acudido ya al PRIVA no le cerrará esta nueva vía. El protocolo permite que quienes recurrieron al sistema anterior puedan acudir al nuevo mecanismo mixto, una cuestión que había generado fricciones durante la negociación.

Una oportunidad para que afloren más casos

Zamora está convencida de que este cambio puede animar a más víctimas a presentarse. “Sé de gente que lo va a hacer ahora”, afirma. La clave está en que la respuesta ya no dependa exclusivamente del circuito interno eclesiástico y en que el nuevo modelo reconozca que la reparación no es solo económica.

Sobre el mecanismo, la víctima deberá iniciar el proceso ante una Unidad de Tramitación del Ministerio de Justicia. Después, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo estudiará el caso y elaborará una propuesta de reconocimiento y reparación. La Iglesia, a través de la estructura ligada al PRIVA, emitirá un informe sobre esa propuesta. Si hay discrepancia, intervendrá una comisión mixta y, en última instancia, decidirá el Defensor del Pueblo. El sistema tendrá una duración inicial de un año, prorrogable otro más.