Carmen Cotelo: “Hay que habilitar ya la geolocalización para desapariciones sin delito”

Vitoria-Gasteiz

La fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, pone el foco en uno de los grandes retos pendientes del sistema judicial: la imposibilidad de geolocalizar a personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad si no existen indicios de delito. Una limitación que, según ha advertido, deja desprotegidas a familias que viven situaciones de angustia extrema.

“Es necesario que se establezca un procedimiento urgente y preferente para la geolocalización de estas personas”, ha indicado Cotelo. A la vez que remarca como la actual legislación impide activar este tipo de medidas en desapariciones que, en principio, no tienen carácter delictivo. “Si esa desaparición no va unida a elementos que puedan determinar que hay delito, la geolocalización no es posible y estamos trabajando en cambiarlo”.

La fiscal jefe de Álava ejemplifica esta problemática con casos cotidianos con personas mayores con Alzheimer, enfermos crónicos o menores que desaparecen sin dejar rastro. “Los familiares sufren una angustia tremenda y no tienen herramientas para localizarles con rapidez”, ha señalado, defendiendo la necesidad de una reforma legal que permita actuar con mayor agilidad en este tipo de situaciones.

Así, este proyecto de geolocalización, ya introducido en la memoria de la Fiscalía y debatido en la Junta de Fiscales de Álava, se plantea como una de las prioridades a corto plazo. Cotelo insiste en que no se trata solo de una cuestión técnica, sino de "una carencia estructural del sistema que debe abordarse desde el ámbito legislativo".

Bernedo: investigación en marcha con el foco en las víctimas

En el caso de los udalekus de Bernedo la causa se encuentra en fase de instrucción y, según ha explicado, "avanza con cautela pero de forma constante. Lo más importante ahora es identificar conductas y autores para que no se vuelva a repetir”.

El proceso se centra especialmente en la recogida de testimonios de las víctimas, para lo que se busca garantizar todas las condiciones necesarias. En este punto, Cotelo pone en valor el papel que puede desempeñar el modelo Barnahus, concebido como un espacio especializado y adaptado para la atención a menores víctimas. “Es un sitio amigable, con profesionales preparados, y puede ser muy útil para realizar pruebas preconstituidas”.

La fiscal jefe de Álava subraya que este enfoque permitiría evitar la revictimización de los menores, uno de los principales objetivos en este tipo de procedimientos. “Queremos que, una vez que el menor declare, pueda volver a su vida sin tener que repetir ese testimonio”, ha destacado. Insistiendo en la importancia de crear entornos seguros y adecuados para estas declaraciones.

En cuanto a la posibilidad de suspender futuras ediciones de estos campamentos, la fiscal es tajante: “No corresponde al sistema judicial autorizar o paralizar un udaleku”. Según explica, esa competencia recae en la administración, que es la encargada de evaluar las condiciones y tomar decisiones en ese ámbito, también a la luz de mejoras como la implantación de recursos especializados tipo Barnahus.

Fallos de coordinación en el caso del pederasta

Otro de los puntos críticos abordados por Cotelo es el reciente caso de un pederasta detenido en Vitoria, que quedó en libertad tras un juicio rápido, lo que ha suscitado dudas sobre el funcionamiento del sistema. La fiscal reconoce que existió un problema de coordinación entre territorios. “Desgraciadamente no hubo comunicación, y es una lección que tenemos que aprender tanto la policía como el sistema judicial”, ha indicado.

Según ha detallado, el sistema permite conocer antecedentes dentro del País Vasco, pero no en otras comunidades, lo que puede derivar en decisiones judiciales con información incompleta. “Nuestros expedientes están territorializados y eso limita el conocimiento de causas abiertas fuera”.

En este sentido, apunta a la necesidad de mejorar los mecanismos de intercambio de información, especialmente en casos sensibles como los delitos contra menores. “Si existía una causa abierta en otro territorio, hubiera sido conveniente tirar de antecedentes policiales”, reconociendo que "este tipo de fallos deben servir para reforzar el sistema".

El 3 de marzo: dificultades con la documentación

La fiscal jefe de Álava también está trabajando en recopilación de todo el material referido al reconocimiento de las víctimas del 3 de marzo, un proceso que avanza pero con dificultades. Aunque el relato de los hechos está bastante definido, el reto ahora es concretar el impacto personal en cada caso.

“Fijar los hechos es posible, pero fijar las filiaciones concretas y acreditar las lesiones está siendo más complicado”, ha indicado Cotelo. Entre los obstáculos, destaca la falta de registros médicos de la época. “Nos estamos encontrando con que no hay datos en algunos casos, ni en Osakidetza ni en centros privados”, ha lamentado.

Además, el proceso requiere el contacto con las familias de las víctimas para recabar su consentimiento, lo que añade complejidad y tiempo a la investigación. “Tengo que oír a todas las familias para ver si quieren que sus familiares aparezcan en el expediente”, ha destacado.

Pese a las dificultades, la fiscal mantiene el compromiso de avanzar con rigor en todos los frentes abiertos. Desde la reforma para la geolocalización de desaparecidos hasta la investigación de casos sensibles o la recuperación de los documentos con los hechos del 3 de marzo, Cotelo defiende una justicia “eficaz, garantista y consciente de las necesidades reales de la sociedad”.