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La Junta no desiste y anuncia que recurrirá la declaración de impacto ambiental negativa del aeródromo Cáceres

De manera paralela, trabajará por encontrar una ubicación alternativa "viable" en el entorno urbano de la ciudad

Leire Iglesias, consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura / Junta de Extremadura

Cáceres

La Junta de Extremadura presentará un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para revisar la declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto del aeródromo de Cáceres.

Asimismo, trabajará por encontrar una ubicación alternativa "viable" en el entorno urbano de la ciudad, dos iniciativas que la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha anunciado este jueves en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición del PP, para informar sobre la situación del proyecto.

El Ejecutivo regional "no ha tirado la toalla" y basará el recurso en aspectos de la evaluación realizada en el estudio de impacto ambiental que concluye "impactos moderados y compatibles con la extracción del aeródromo de uso restringido en Cáceres". El estudio también descarta un impacto "significativo" sobre la vegetación, las ávidas de interés comunitario y las comunidades de aves presentes en el entorno, descarta que ocasione perjuicios sobre la ZEPA y justifica que las afecciones sobre el patrimonio cultural no obligan al rediseño del proyecto, ha añadido Iglesias.

Asimismo, la Dirección General de Sostenibilidad ha informado favorablemente pues considera que "no es susceptible de afectar de forma apreciable los lugares incluidos la Red Natura siempre que se cumplan las condiciones que se incluyen en su informe". Por su parte, la Dirección General de Bibliotecas ha emitido un informe favorable a la ejecución del proyecto con respecto a los yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos localizados en esa zona.

No obstante, Iglesias ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional que "no dilata ni rechaza el procedimiento, sino que cumple escrupulosamente con los plazos y da respuesta técnica a cada una de las observaciones y alegaciones al proyecto sin imponer criterios políticos ni falsear documentación pública".

El diputado del Partido Popular, Víctor del Moral, ha reprobado que, ante "tanto atropello medioambiental", la Junta no haya hecho autocrítica ni defendido el proyecto, sino que "echaron la culpa al PP" por "elegir mal" la ubicación del aeródromo, ya que "todo lo que va mal en la región es culpa" del gobierno popular de José Antonio Monago. Para Del Moral, parece que el reto demográfico que enfrenta la región "se quisiera solventar a base de prohibir las infraestructuras que necesitamos para el desarrollo".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Joaquín Prieto, ha criticado que "hasta después de siete años no se ha sabido que el aeródromo es perjudicial para las aves y las plantas", y ha añadido que, aunque existen plazos en los trámites administrativos, "podríamos haberlo sabido antes". Prieto también ha exigido a la consejera más detalles sobre la nueva planificación del proyecto y un calendario con compromisos de ejecución para "luchar por el progreso en la región" que aún no tiene autovía entre las dos capitales de provincia, carece de industrias e infraestructuras, y cuyos servicios ferroviarios son "tercermundistas".

Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha valorado la declaración desfavorable y ha lamentado que la partida presupuestaria destinada al aeródromo "no va a ir a ningún lado" a pesar de que "necesitamos infraestructuras que permitan la movilidad sostenible en la región".

Por último, el portavoz de Movilidad y Transporte del Grupo Socialista, Juan Ramón Ferreira ha criticado que el inicio de este proyecto fue una "chapuza que el PP presentó a toda prisa con un interés electoral y costó a todos los extremeños más de 400.000 euros", pero ahora "esconden su responsabilidad". Asimismo, el portavoz socialista ha afeado a Del Moral "infundir la idea de que los políticos podemos decidir sobre trámites legales, lo que hace mucho daño a la democracia".

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