¿Cuándo, cómo y por qué? El análisis jurídico de un posible adelanto electoral en Extremadura

Mérida

Elecciones. Ha sido una de las palabras más escuchadas en boca de los políticos extremeños en la semana en la que el proyecto de cuentas públicas para 2026 ha llegado a la Asamblea.

O se aprueban esas cuentas o se adelantan las elecciones. El órdago fue lanzado por la presidenta de la Junta dos semanas antes de que el pasado 15 de octubre el consejo de Gobierno reunido en sesión extraordinaria aprobara el Proyecto de Presupuestos para el próximo año. Tal y como establece la norma, ese proyecto se registraba en la Asamblea de Extremadura el jueves 16 y desde entonces, la posibilidad de adelanto electoral está en todos los corrillos y en todas las manifestaciones públicas de los políticos.

Amenaza. Chantaje. Obediencia "debida a Génova". "Transparencia". Son algunas de las palabras que han acompañado al término elecciones o adelanto electoral y las intenciones que pudiera haber tras las palabras de Guardiola, sobre las que los grupos parlamentarios son coincidentes: la presidenta busca ese adelanto electoral.

¿Se pueden adelantar las elecciones en Extremadura? ¿Por qué? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles serían las fechas de ese adelanto electoral según la legislación nacional y regional en la materia? En SER Extremadura hemos contado con el análisis jurídico de Gabriel Moreno, profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura para analizar todas las aristas de ese anuncio.

Respetando los plazos marcados en la legislación y teniendo en cuenta que media ya el mes de octubre, una inminente disolución de la Asamblea, por ejemplo coincidiendo con el 1 de noviembre, provocaría elecciones entre el 24 y 31 de diciembre. Si ese decreto de disolución se retrasa hasta principios de diciembre las elecciones en ese caso, serían en torno al 24 de enero y la constitución de la Asamblea en torno al 18 de febrero.