La Asociación Migrante-Obrera denuncia la falta de voluntad del Ayuntamiento de Badajoz para tramitar los certificados de vulnerabilidad
Desde esta organización lamentan que en otras ciudades como Cáceres y Mérida si estén funcionando los procedimientos sociales
Regularización de migrantes en Badajoz / SEO Cadena SER
Badajoz
La Asociación Migrante-Obrera de Extremadura ha denunciado un “bloqueo” en la emisión de certificados de vulnerabilidad en Badajoz, un documento clave para que cientos de personas migrantes puedan acceder al actual proceso de regularización impulsado por el Gobierno central.
Alejandro Peña, portavoz de la entidad, asegura que la situación en la capital pacense contrasta con la de otras ciudades de la región como Cáceres o Mérida, donde los servicios sociales municipales ya han comenzado a expedir estos certificados. “En Badajoz no tenemos ni uno solo emitido por el ayuntamiento desde que se abrió el plazo hace 15 días”, afirma.
La asociación atiende actualmente entre 150 y 200 personas al día, de las cuales alrededor del 80% solicita este certificado. Según Peña, el documento es imprescindible para quienes no cuentan con contrato laboral ni cargas familiares en España, una situación común entre la población migrante en situación irregular.
Ante la falta de respuesta institucional, son las propias organizaciones sociales las que están asumiendo esta labor. En concreto, la Fundación Ruy López está colaborando en la emisión de certificados, aunque la Asociación Migrante-Obrera no cuenta con autorización directa del Ministerio para hacerlo.
“Estamos tramitando certificados en tres o cuatro días con apenas dos o tres personas. El ayuntamiento, con más recursos, podría hacerlo mucho más rápido”, critica Peña.
Según el testimonio recogido por la asociación, el Ayuntamiento de Badajoz está recibiendo entre 80 y 90 solicitudes diarias, pero estas estarían siendo archivadas sin tramitación efectiva. Los solicitantes, añade Peña, llevan semanas esperando una respuesta tras facilitar sus datos en dependencias municipales.
“La única respuesta que reciben es que ya serán llamados. Pero no hay gestión real ni plazos claros”, denuncia.
La falta de este certificado puede dejar fuera del proceso de regularización a muchas personas que cumplen los requisitos, ya que sin él no pueden presentar su documentación ante organismos como Correos o la Seguridad Social.
Desde la asociación estiman que entre 1.000 y 1.500 personas podrían beneficiarse de este proceso solo en la ciudad de Badajoz, dentro de un total aproximado de hasta 4.000 en toda Extremadura.
El colectivo atendido presenta perfiles especialmente vulnerables. Muchas mujeres trabajan en el cuidado de personas mayores sin contrato ni condiciones dignas, mientras que numerosos hombres desempeñan labores agrícolas, en muchos casos desplazándose a Portugal.
“Hay mujeres que solo tienen un día libre al mes. Y personas que llevan cinco o seis años aquí sin poder regularizarse”, explica Peña.
La Asociación Migrante-Obrera pide al consistorio pacense que active de forma urgente la emisión de estos certificados y asuma su responsabilidad. “No pedimos algo estructural, sino un esfuerzo de dos meses para evitar que cientos de personas queden fuera”, subraya.
Asimismo, solicitan que los servicios sociales atiendan a la población migrante “como parte de la comunidad”, recordando que la falta de documentación ya implica, por sí misma, una situación de vulnerabilidad.
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DescargarLa situación se produce además en un contexto de creciente tensión. La Fundación Ruy López ha denunciado recientemente actos vandálicos contra su sede, lo que desde el colectivo interpretan como intentos de intimidación hacia quienes trabajan con población migrante.
Pese a ello, las asociaciones aseguran que continuarán su labor. “No nos vamos a detener. La regularización es una oportunidad única y vamos a seguir apoyando a quienes lo necesitan”, concluye Peña.
