Más de veinte años para cada uno de los dos acusados por el asesinato de un compañero de prisión

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, a penas de 21 y a 20 años de prisión, respectivamente, a los dos acusados de haber asesinado a un interno, al que conocieron en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, para apropiarse de la herencia de su madre, que acababa de cobrar.

De este modo, la Audiencia Provincial de Ourense ha ratificado el veredicto de culpabilidad dictado por el tribunal y ha condenado a los dos hombres por un delito de asesinato y otro de estafa aunque, respecto a uno de ellos, Óscar G. ha tenido en cuenta la atenuante de colaboración, al considerar acreditado que facilitó de manera voluntaria la localización del cadáver a los agentes policiales.

En la sentencia, el tribunal considera probado que el recluso salió el 11 de agosto de 2018 de prisión para disfrutar de un permiso penitenciario y se dirigió, como era habitual, a la explotación agraria propiedad de la familia de uno de ellos, donde ese día se encontraban los dos acusados. Estos, siguiendo el plan que habían convenido, golpearon “con un objeto contundente en la cabeza” al recluso hasta ocasionarle la muerte y después trasladaron el cuerpo del fallecido hasta una finca propiedad de la familia de uno de los condenados, donde ocultaron el cadáver.

El tribunal del jurado había determinado la culpabilidad de ambos acusados y consideró probado que los dos hombres se apropiaron de sus tarjetas de débito y de prepago y que efectuaron sustracciones de dinero que sumaron “un total de 22.490 euros”. En la sentencia, el magistrado presidente ha destacado que el tribunal tuvo en cuenta “el resultado de posicionamiento de los teléfonos móviles, a través de sistema de geolocalización” así como la agresión previa a la víctima por parte de los acusados a finales de julio de 2018”. El jurado también había puesto el foco en “la señalización del lugar de enterramiento por parte de uno de los acusados y la constatación de retirada bancaria de efectivo propiedad del fallecido por parte de ambos acusados”.

El crimen de Fernando Iglesias Espiño se remonta a agosto de 2018 cuando, durante un permiso, no regresó lo que hizo saltar todas las alarmas en la prisión ante su posible fuga. El cuerpo fue encontrado cuatro meses después, enterrado en una granja de pollos, propiedad de la familia de uno de los acusados. Entonces, la desaparición arrojó numerosas dudas.

Durante el juicio, la Fiscalía detalló que en los últimos años, el recluso había normalizado su vida y también que nunca había protagonizado ningún incidente. Varios testigos que depusieron en el juicio, aseguraron que estaba ahorrando el dinero de la herencia para disfrutar de su jubilación, fuera de la cárcel. Por el contrario, las defensas consideraban que no habían quedado acreditado los hechos ante la falta de "vestigios" que pudiesen apuntar a los acusados y avanzaban su intención de recurrir en caso de condena desfavorable.