Suspenden de forma cautelar la licitación del alumbrado público Vigo
Una decisión que, según recoge la resolución, que no admite recurso, no tendrá efectos sobre el plazo de presentación de ofertas que termina el próximo 3 de juni
Concello de Vigo / Felipe Troitiño
Vigo
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) ha suspendido cautelarmente el procedimiento de la licitación del alumbrado público de la ciudad de Vigo, el cual exige la subrogación de Ramón Comesaña, uno de los dos condenados por corrupción en el caso del enchufe de la cuñada de la teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva.
El Tacgal atiende así la exigencia del Partido Popular de Vigo, que la semana pasado le envió un escrito para que se suspendiese la tramitación al considerar “fraudulenta” la obligación de contratar al gerente de la empresa que fichó “de forma ilegal” a la familiar de Silva, también presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Esta suspensión cautelar, según el Tacgal, se produce “como garantía del cumplimiento de la legislación sobre contratos públicos y la corrección de las posibles infracciones de los poderes adjudicadores en una etapa en la que estas pueden ser aún corregidas de ser el caso”.
Una decisión que, según recoge la resolución, que no admite recurso, no tendrá efectos sobre el plazo de presentación de ofertas que termina el próximo 3 de junio.
El portavoz municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, ha celebrado la decisión del Tacgal y recordado que la Ley de Contratos del Sector Público pone especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses que, a su juicio, se vulneran de forma flagrante en el caso de la licitación municipal del alumbrado.
Marnotes ha insistido en que es un “auténtico escándalo” que se obligue a la nueva concesionaria a asumir la nómina de quien contrató a la allegada de la titular provincial, con un salario fijado en 90.000 euros, y que multiplica por cuatro al asignado a los otros tres trabajadores con la misma categoría de encargados de mantenimiento.
“Lo más grave de todo es que el Gobierno local, consciente de la existencia de un fraude, que eleva el coste de la licitación en casi cien mil euros al año, no solo no le pone remedio, sino que lo acepta sin reservas, tal como se desprende de la propia licitación”, ha dicho.
