Sociedad

El Tribunal Superior de Galicia avala la ordenanza del gallego de A Coruña y niega que se prohíba el español

Ha rechazado el recurso presentado por la entidad Hablamos Español

A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado la ordenanza lingüística del Ayuntamiento de A Coruña que promueve el uso del gallego y niega que el Consistorio prohíba el uso del español.

Una sentencia del 7 de noviembre de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, difundida este jueves a los medios, rechaza el recurso de la entidad Hablamos Español.

El Tribunal declara que la ordenanza municipal de uso de la lengua gallega en el Ayuntamiento de A Coruña es conforme a derecho, pues "reconoce expresamente el castellano como lengua oficial en el Ayuntamiento", al tiempo que subraya que no impide a la administración dirigirse en castellano a los ciudadanos que así lo deseen.

"Emplear y promover el uso del gallego por parte de la administración no niega a cada ciudadano su derecho de elección lingüística relacional si así lo desea, simplemente establece un uso normal del gallego por parte del Ayuntamiento, lo cual deriva directamente de mandatos de carácter estatutario y legal, que apuntan a esta solución como política de normalización lingüística de una lengua históricamente sometida a un proceso sociolingüístico de diglosia", subraya la sentencia.

En la sentencia se recuerda que está detallado el "carácter cooficial del castellano" y explica y desarrolla "en qué consistirá la promoción y normalización del uso del gallego en el campo municipal".

"El uso normal del gallego al que se invita en la ordenanza es perfectamente coherente con el modelo constitucional de cooficialidad y, tal y como está redactado, ni por asomo admite la interpretación de que se prohíba a los destinatarios de la norma expresarse en castellano", continúa.

La sala también avala que los pliegos de los contratos administrativos cuenten con las denominadas "cláusulas de contratación pública lingüísticamente responsable".

Ve posible que esas cláusulas funcionen “como elementos de mejora de las condiciones de la prestación ofertada, con el límite de no excluir del proceso a quien no las incorpore, de manera que funcionarán como mérito a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión, puesto que una prestación que incorpora ambas lenguas es de mejor calidad en términos de derechos ciudadanos que aquella otra que excluye una de ellas".

Contra la sentencia cabe presentar recurso de casación.

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