Denuncian en la Guardia Civil al Concello de Monfero por supuesto abandono animal
La presenta la protectora Gatocan
Perros abandonados que esperan a ser adoptados en la protectora Gatocan, de Coirós. EFE/Cabalar / Cabalar (EFE)
A Coruña
La protectora de animales Gatocan ha denunciado en la Guardia Civil a los ayuntamientos de Monfero y Curtis por supuesto incumplimiento de la ley de bienestar animal y del código penal en varios abandonos.
La protectora, que hace varias semanas elaboró una estadística que muestra que un 80 % de los ayuntamientos de su área de influencia en el norte de Galicia no cumplen la ley al no contar con servicios de recogida de animales, ha presentado tres escritos en el puesto de la Guardia Civil de Betanzos, confirman a EFE fuentes de la investigación.
En ellos aborda el supuesto incumplimiento por parte de los ayuntamientos de Monfero y de Curtis de la ley gallega de protección y bienestar de los animales de compañía y un posible delito penal, todo ello ya en manos del Instituto Armado, que le dará el trámite administrativo o penal que corresponda tras su análisis.
Según explica Gatocan en un comunicado, en el caso de Monfero esta protectora "tiene constancia de al menos dos casos este año en los que el Ayuntamiento no solo no recogió dos perros abandonados que deambulaban por su municipio, sino que la situación de uno de los animales era totalmente incompatible con la supervivencia".
El 29 de marzo, un perro atropellado "permaneció toda una noche y un día tirado en una cuneta sin poder moverse ni levantarse, debido a las lesiones recibidas" y el Consistorio supuestamente no lo recogió, como también ocurrió el 31 de octubre con otra perra sorda.
La presidenta de Gatocan, Beatriz Martín, ha lamentado los "miles de abandonos de animales en Galicia" y ha demandado el cumplimiento de la normativa. "Cuando un ciudadano incumple la ley, es sancionado, ¿qué pasa con la Administración?", ha preguntado.
Consultados en su momento por EFE por la problemática del abandono y de la falta de servicio de recogida en muchos municipios tanto los ayuntamientos, a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, como la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente -impulsora de la normativa y encargada de las sanciones graves o muy graves derivadas del incumplimiento de la ley-, han optado por no pronunciarse.