La Xunta tira de chequera a 3 meses de las elecciones municipales

Santiago de Compostela

El consello de la Xunta ha aprobado este jueves los criterios para la distribución de una partida adicional de los fondos de cooperación local dotada con 15 millones de euros. Está dirigida a los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes. El Diario Oficial de Galicia publicará el viernes 17 de febrero los criterios y requisitos que tendrán que cumplir esos municipios. Esa lluvia fina de millones por parte de la Xunta se produce a tres meses de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo. El presidente Alfonso Rueda niega cualquier vinculación entre las ayudas y la cita electoral. Según el presidente gallego, una vez que se soliciten, se inicia un procedimiento administrativo que puede durar meses, por lo que la resolución y la llegada efectiva del dinero podría no concretarse hasta después de los comicios.

Alfonso Rueda ha defendido que "estos recursos se destinan a necesidades directas y muy necesarias" y ha aclarado que de los 143,4 millones de euros que tiene para este año el Fondo de Cooperación Local de la Xunta --y que suponen un 14% más que en el año 2022-- se reservan 30,5 millones de euros a la partida adicional, que también registró un incremento histórico de un 135%. En concreto, de este fondo adicional, Rueda ha subrayado que la principal "novedad" consiste en que se destinan un total de 15,6 millones de euros a los municipios de menos de 15.000 habitantes, una cuantía condicionada a que vayan dirigidos al servicios más demandados por los habitantes de dichos municipios.

Tres líneas de actuaciones prioritarias

Por una parte, ha avanzado que se destinarán 8,6 millones de euros a obras encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de titularidad municipal, con una aportación de un máximo de 200.000 euros por municipio. Así, se priorizarán los edificios destinados a la prestación de servicios educativos y la actividades deportivas y, en segundo lugar, los empleados para la prestación de servicios sociales. La segunda línea de ayuda cuenta con 2 millones de euros para que los municipios gallegos puedan optar a una subvención de hasta 30.000 euros para la adquisición de maquinaria y equipación, incluyendo vehículos, para la prestación de servicios. Por último, de los 5 millones que la Xunta prevé invertir en la tercera línea del fondo adicional, Rueda ha adelantado que irán destinados a actuaciones de modernización y mejora de las redes de abastecimiento municipal, y que cada entidad local podrá percibir un máximo de 50.000 euros. En este caso, además de la necesidad específica de la actuación, como en las otras dos líneas se priorizarán las inversiones incluidas en el plan de actuación para minimizar las pérdidas de agua, dando una mayor valoración a los municipios que cuenten ya con este plan frente a los que los estén tramitando y los que, aunque no tengan iniciada la tramitación, se comprometan a hacerlo antes de que finalice el plazo de justificar el apoyo recibido.

Postura sobre el aborto

En respuesta a las preguntas de los periodistas tras el consello de la Xunta, Alfonso Rueda también se ha referido al enredo dentro del PP sobre el aborto. El presidente de la Xunta y líder del PP gallego se ha alineado con la tesis de que, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la norma frente al recurso presentado años atrás por los populares, "los derechos reflejados en esa ley se deben respetar". Así lo ha manifestado en el marco del debate abierto en las filas populares y después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, manifestase que el aborto es "un derecho legal" de la mujer en España, aunque no "un derecho fundamental".

Rueda se ha sumado políticamente a la tesis del "derecho legal" en una comparecencia en la que ha asegurado que, bajo su punto de vista, el debate sobre el aborto "quedó zanjado con el pronunciamiento del Constitucional". "Dijo que la ley era válida y, por tanto, lo que está en la ley se convierte en derechos", ha alegado. A su modo de ver, una vez que hay un pronunciamiento del alto tribunal, las opiniones personales ya "están de más" --ha precisado que entiende que al menos la suya lo está, sin profundizar en la cuestión--. "Hay una ley, hay que cumplirla y, por tanto, los derechos reflejados en esa ley son derechos que se deben respetar", ha zanjado.