Entidades contra el maltrato y abusos a menores denuncian que su protección es "formal pero no real"
Los jueces suspendieron el régimen de visitas a sus hijos a sólo el 14% de padres condenados por maltrato en el último año
A Coruña Opina (12/03/2023)
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A Coruña
Ha finalizado la semana del 8M con atención, también, a la violencia vicaria y al análisis de la Ley de protección de la Infancia, que en junio cumplirá dos años de su aprobación. En el último año, los tribunales de justicia españoles suspendieron las visitas de menores a sólo el 14% de padres maltratadores, según datos aportados por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
La Asociación Galega contra o maltrato a menores considera que la redacción de la ley es ambigua y complica, en la práctica, la protección de niños y niñas víctimas de abusos sexuales. En A Coruña Opina de Radio Coruña Cadena SER, la coordinadora de AGAMME, Estrela Gómez, sostiene que en la ley existe un "reconocimiento formal de menores como víctimas de violencia de género pero, en a su juicio, su protección "no es real" debido a que deja abierta una puerta a la interpretación de los jueces sobre los derechos del menor y el interés superior de los progenitores a ver a sus hijos.
La Ley de Protección de la Infancia -también conocida como Ley Rhodes- establece la necesidad de suspender visitas y custodias a progenitores inmersos en un proceso por violencia machista. 56 menores víctimas de violencia machista fueron tutelados en Galicia en 2021, según los últimos datos publicados por la Fiscalía Superior de Galicia.
El escritor Alejandro Palomas, víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote, ha intervenido en el programa para advertir de que todas las preguntas que son un cuestionamiento sobre los hechos supone dolor para las víctimas.
Quienes han sufrido el horror del abuso en su infancia "son ese niño que el adulto lleva de la mano y que nadie más ve", ha afirmado Palomas, quien se define como "un niño que sigue teniendo miedo".
La coordinadora de programas de intervención de la Fundación Meniños, Sandra Gómez, ha incidido en la importancia de evitar la revictimización de los menores y de contar con suficientes profesionales de la psicología que con un seguimiento continuo ayuden a conseguir su recuperación.
En opinión de la abogada y presidenta del Círculo de Mediadores de Galicia -Cimega-, Mercedes Sierra, la Ley de Protección de la Infancia debería haber establecido "marcos jurídicos más precisos" para evitar una aplicación diferente, según los territorios, e interpretaciones de los jueces y juezas, como está ocurriendo con la Ley del "solo sí es sí". En muchos juzgados de Galicia no aplican rigurosamente la norma, dice Sierra, que cita Valencia como una de las comunidades en donde no ha lugar a las interpretaciones sobre la protección al menor.
Con la aprobación de la Ley de Protección de la Infancia, en junio de 2021, el Congreso tomó nota de las peticiones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Español y dio un paso muy importante en la reforma legislativa con respecto a la Ley anterior de 1996: considerar también víctimas de violencia de género a los hijos de mujeres víctimas; reforzar el interés superior del niño y el derecho de los menores a ser escuchados; impedir a las personas con antecedentes por delitos sexuales que trabajen en contacto con niños y garantizar su participación en todos los asuntos que le conciernen.
