Un detenido en Pontevedra en una macrooperación contra el tráfico ilegal de angulas
Se han realizado una treintena de registros en varias localidades españolas y francesas en las que se ha incautado 1,5 toneladas de ejemplares vivos
Las angulas son un producto muy cotizado en algunos países asiáticos, cuyo consumo hace que alcance valores de hasta 5.000 euros el kilo, por lo que, desde hace años, la Guardia Civil viene detectando a grupos y organizaciones criminales dedicadas a escamotear lotes de angula viva y enviarlas a clientes en Asia.
En esta ocasión se ha desmantelado una organización criminal, con implantación transnacional, asentada entre Guipuzkoa, Pontevedra y el sur de Francia. Durante la investigación se pudo constatar que hasta 14 toneladas de angula alevín y 31 de anguila adulta se substrajeron del circuito legal, lo que en el mercado legal habría alcanzado un valor de más de 6,7 millones de euros. Este grupo, compuesto tanto por pescadores como por gestores comerciales y mayoristas, se encargaba de detraer del circuito legal angula viva para suministrársela a ciudadanos de origen chino, quienes disponían de viveros clandestinos en la zona de París, en Francia y Amberes, en Bélgica. Desde ahí, organizaban viajes de personas a Asia, quienes, a través de distintos aeropuertos europeos cercanos a los viveros portaban consigo equipaje conteniendo los ejemplares de angula.
En España hay 8 personas detenidas, una de ellas en Pontevedra.
Los ejemplares de angula viva aprehendidos se encuentran en una piscifactoría del gobierno navarro, concertada con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se tiene prevista su liberación en el medio natural, para preservar su supervivencia. De esta forma, se consigue uno de los objetivos más difíciles en la lucha contra el tráfico de especies y el fin último en este tipo de operaciones, como es la total reintroducción en el medio de los especímenes intervenidos, contribuyendo así a mejorar su conservación a largo plazo.
El procedimiento judicial lo ha liderado el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Sebastián, de forma coordinada con un procedimiento análogo instruido en el JIRS (Juzgado especializado en delincuencia organizada) de Burdeos.
