Las familias del Pitanxo piden a la Audiencia Nacional la vuelta del Ártabro a puerto

Los familiares de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo han solicitado este jueves al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la vuelta del 'Ártabro', el barco de ACSM Shipping que ayer miércoles zarpaba del Puerto de Vigo hacia Terranova para localizar y bajar hasta el pecio.

En una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, las familias han reclamado que se depuren "responsabilidades" ya que el Ártabro partió sin la autorización del juez. A esta hora la Fiscalía todavía no se ha pronunciado al respecto.

Los familiares insisten en que la Audiencia Nacional no aprobó la salida del 'Ártabro' y que advirtió "en dos ocasiones", la última el mismo miércoles, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que es el juzgado quien debe coordinar, poner fecha, determinar qué buque se contrata y qué peritos van a ir en este operativo.

La última comunicación del Ministerio con la Audiencia Nacional fue el envío de un oficio con el nombre de la concesionaria, ACSM Shipping, junto con un enlace para descargar la información de la empresa y el objeto de la pericia, entre otros datos.

Concentración en protesta

Las familias han expresado su "disgusto" con la partida del 'Ártabro'. La portavoz de los afectados, María José de Pazo, ha explicado que "ayer fue un día triste, negro, demoledor, no solo para las familias, sino para estos 21 que no tienen voz". "Nosotros iniciamos toda esta búsqueda de la verdad por ellos, para que se aclare todo lo que ha pasado, para saber la verdad", ha manifestado.

"La gente nos felicita y nosotros estamos deshechos. Que no nos den más la enhorabuena, que estamos casi peor que cuando nos dieron la noticia del naufragio", ha agregado, para recordar que "hay indicios de 21 homicidios imprudentes" y "no se puede andar jugando así con la validez de una prueba".

De Pazo ha lamentado esta situación, porque "es muy frustrante" e "incalificable". "Lo que ha pasado aquí es de una gravedad mayúscula", ha aseverado.

Validez de la expedición

El abogado de las familias presentará un nuevo escrito al juez para que determine si la expedición es válida y se ajusta a las directrices de la investigación judicial. "Queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie ponga en cuestión la validez de esta prueba", ha incidido la portavoz de las familias de las víctimas del 'Villa de Pitanxo'.

María José de Pazo ha recordado que el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, prometió el pasado martes una colaboración directa con los afectados: "Pero he vuelto a llamar a la Delegación para decir para cuando nos puede recibir, y están los familiares de testigo, ¿qué hicieron? colgarnos el teléfono". "El Ministerio ha sido cómplice de que salga un barco sin autorización judicial", ha acusado la portavoz de las familias, que solicitará una reunión con la ministra "para que dé una explicación".

Rechazo del BNG

Esta forma de actuar ha levantado las sospechas de los afectados que apuntan que "tiene que haber algo detrás que no sabemos, algún motivo oculto para actuar de esta manera".

"Queremos que se diga la verdad", ha insistido María José de Pazo, para recordar que "esta operativa es gracias a que la Unión Europea amonestó al Gobierno de España y también el juez, el magistrado Moreno" por lo que entiende que después de 15 meses, "esto es una falta de respeto" para las víctimas.

Precisamente, este jueves el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido desde la tribuna de esta Cámara que el Gobierno rectifique en su actitud de "desoír ocho requerimientos de la Audiencia Nacional" y "ordenar" la partida del 'Ártabro'. Así, en la misma línea de las familias, el nacionalista ha acusado al Ministerio de poner en "riesgo" la validez de las pruebas obtenidas en la inspección. "Un procedimiento fundamental para esclarecer las causas y hacer justicia", ha añadido Rego, quien ha tachado de "inaudito" que el Ejecutivo estatal "desobedezca" al juez después de tardar "más de un año" en establecer el operativo.