La familia de Diego Bello teme la puesta en libertad de los acusados por el crimen del joven coruñés
Exigen al Gobierno y a las autoridades judiciales de Filipinas el estricto cumplimiento de la ley
Diego Bello, en una imagen en Filipinas cedida por la familia / Diego Bello
A Coruña
Hoy está previsto que se celebre la vista en la que el juez examinará la petición de salir de la cárcel de los tres policías filipinos acusados de matar a Diego Bello, asesinado el 8 de enero de 2020. La familia del joven coruñés considera que su puesta en libertad atentaría contra la ley filipina. Sospecha teme que si salen de prisión se darán a la fuga y el juicio no llegue a celebrarse.
La ley filipina recoge que los acusados de delitos como el asesinato deben permanecer en la cárcel hasta que se dicte la sentencia y que no pueden ser puestos en libertad bajo fianza. El juez analizará hoy la petición de los tres hombres acusados del crimen de Diego y tomará una decisión.
Así lo asegura en un comunicado en el que explica que "los abogados de la defensa de los policías Vicente Panuelos, Roel Azarcón y Nido Boy Cortez conocerán este lunes si su petición de puesta en libertad bajo fianza es admitida por el Juzgado de Dapa, encargado del caso".
La familia de Diego teme que, de otorgarse esta libertad, "el proceso pueda dilatarse en el tiempo o incluso que jamás llegue a celebrarse".
También apuntan que, según dispone la Ley Penal filipina, cualquier acusado de un delito de asesinato debe permanecer en prisión hasta que se dicte la sentencia correspondiente, sin la posibilidad de que estos puedan quedar en libertad bajo fianza, pero alertan de que puedan salir de prisión "sin que aún se conozca la fecha y ubicación final del juicio".
Por todo ello, la familia de Diego Bello y la Plataforma Xustiza para Diego exigen al Gobierno y a las autoridades judiciales de Filipinas "el estricto cumplimiento de la ley y el esclarecimiento del asesinato de Diego mediante la celebración de un juicio con absolutas garantías".
De la misma manera, piden al Gobierno español y a las autoridades de la Unión Europea "la estrecha vigilancia para que estas justas reivindicaciones se lleven a cabo".
