La ILP para proteger la pesca y el marisqueo inicia su camino al ser admitida a trámite
La ILP propone introducir en el título primero de la vigente ley de pesca dos nuevos artículos que "reconocen de interés general las actividades pesqueras y marisqueras de Galicia"
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La Iniciativa Legislativa Popular para el reconocimiento y protección de las actividades pesqueras y marisqueras ha comenzado su camino tras ser informada favorablemente por los servicios jurídicos del Parlamento de Galicia y ser admitida a trámite.
Así lo han hecho público este viernes miembros de la comisión promotora, que han destacado el "amplio respaldo" y su "pluralidad", ya que está formada por unas 25 personas entre las que se encuentran representantes de cofradías y bateeiros de la ría de Arousa, la Federación Galega de Confrarías, la Federación Provincial de A Coruña y las plataformas de las rías de Vigo, Pontevedra, Muros-Noia y Arousa, junto con el Colectivo Ecoloxista do Salnés.
La ILP propone introducir en el título primero de la vigente ley de pesca dos nuevos artículos que "reconocen de interés general las actividades pesqueras y marisqueras de Galicia y declaran que en la ordenación del espacio marítimo serán prioritarias y se garantizarán estas actividades frente a otras que pudiesen resultar incompatibles o ocupar el espacio que en la actualidad ocupan estas actividades".
El presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y representante de la comisión promotora, Xaquín Rubido, ha señalado que la relevancia de esta iniciativa "va a ser grande", ya que entiende que es "un tema transversal a toda la sociedad".
"Este sector es el que garantiza a este país su supervivencia y soberanía alimentaria. Eso hay que impulsarlo y hay que darle cobertura legal", ha manifestado Rubido en una rueda de prensa este viernes.
Actividades "incompatibles"
A preguntas de los medios sobre qué actividades pueden resultar incompatibles o ocupar el espacio que en la actualidad ocupan las actividades pesqueras y marisqueras, Rubido ha afirmado que se trata de "todas aquellas que compiten por el espacio marítimo", aunque ha reconocido que "las que están más de actualidad" son las relacionadas con el sector eólico.
En este sentido, ha querido recordar que en el Plan de Ordenación del Espació Marítimo "no se tuvo en consideración los caladeros de pesca gallegos, que tienen un amplio recorrido histórico".
Asimismo, ha especificado que esta iniciativa también hace referencia a aquellas actividades que "son incompatibles por contaminar las aguas de las que vive la actividad pesquera y marisquera".
"No todo vale"
"Defendemos que no todo vale, que hay que tener una ordenación del espacio", ha argumentado Rubido. En esta línea, ha expuesto que se necesita de agua dulce, más aún "en un contexto climático en el que el agua dulce va a ser un lujo".
Por eso, ha censurado que "las empresas transnacionales que se quieren ubicar en Galicia una de las cosas que más demandan es el agua". "Altri es una gran consumidora de agua, la mina de Touro también es una gran consumidora de agua", ha especificado.
Así, ha defendido que Galicia debe decidir "qué modelo de país" quiere, porque "no vale todo". De este modo, otro de los objetivos es promover este debate "en el conjunto de la sociedad".
"Este debate no se puede excluir de la ciudadanía. Creemos que esto puede ser algo que tranquilamente podamos dialogar y contraponer nuestras diferentes opiniones, y tenemos que intentar ponernos de acuerdo en qué modelo de país queremos. No se puede tener de todo", ha zanjado.
Ahora, una vez que la junta electoral de Galicia haya aprobado el modelo de recogida de firmas, se imprimirán los 2.000 pliegos y se repartirán entre todos los colectivos para comenzar la recogida. El colectivo estima que este proceso comience en la primera semana de septiembre y se extienda hasta mediados del mes de diciembre.
Además, la comisión promotora ha avanzado su voluntad de reunirse con todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Galicia para trasladarles "la importancia de apoyar e impulsar esta ILP que favorece los intereses generales de toda la población gallega, da seguridad jurídica al sector del mar, protege la soberanía alimentaria y consolida y arraiga población en los municipios costeros".
