Entra en vigor la última prórroga de la concesión de la AP-9, investigada por la UE, y con la transferencia en el aire

A Coruña

La última prórroga de la concesión de la Autopista del Atlántico entra hoy en vigor. Es la aprobada por Aznar en el año 2000. Previamente había sido ampliada por Felipe González hasta un plazo que finalizaría este viernes. A partir de hoy, Audasa tiene 25 años por delante, hasta 2048, para continuar como adjudicataria de la vía que vertebra Galicia, con uno de los peajes más caros de las autopistas de España. La última prórroga coincide con la petición del Parlamento de Galicia de transferencia de la AP-9 a la Xunta en el aire. Habrá que ver si la cuestión es resuelta finalmente en la nueva legislatura. La profesora de Economía Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, María Cadaval, considera que el elemento fundamental es qué administración asumiría el coste económico de una eventual eliminación del peaje.

Cadaval incide en el impacto económico negativo que tiene el coste de la Autopista del Atlántico en los 25.000 usuarios que circulan por ella diariamente. Un coste que -asegura-afecta al desarrollo social y econónimo de Galicia, a las empresas y a la calidad de las personas en un territorio "donde apenas existe un tren de cercanías". La AP-9 es el único modo rápido para poder conectar el norte con el sur de la comunidad y a ésta con el norte de Portugal.

La ampliación de la concesión a Audasa hasta 2048 está siendo investigada por la Comisión Europea. En 2021 anunció la apertura de un expediente a España por ese período de explotación extra sin haber convocado una licitación pública.

Por otra parte, la ampliación de la concesión hasta 2048 está bajo la lupa de la Comisión Europea que, en septiembre de 2021 anunció la apertura de expediente a España por ese periodo de explotación extra, sin haber convocado una licitación pública.

Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no cumplió con sus obligaciones en esta materia.

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Denuncia

La asociación gallega En-Colectivo presentó en julio de 2020 una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 --hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González-- y en 2000 --hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar-- vulneraban la normativa comunitaria. Esta entidad reclama al Gobierno que se anule la concesión y que se devuelvan los cobros indebidos de peajes desde 2013.

Audasa anunció en su momento que, si ese procedimiento de infracción acababa con el fin de la concesión, reclamaría ser compensada en más de 1.000 millones de euros.

A día de hoy, la Comisión todavía no ha dictaminado, algo que para En-Colectivo puede ser indicio de que "se está haciendo una investigación en profundidad". Su presidente, Diego Maraña, ha lamentado, no obstante, en declaraciones a Europa Press, que "hace cuatro años el BNG obtuvo un compromiso del Gobierno para la transferencia de la autopista y para devolverla a los gallegos", pero "cuatro años después la situación no ha cambiado".

Maraña (quien ha denunciado la "falta de transparencia" del Ejecutivo acerca de la respuesta a esa carta de emplazamiento) ha preguntado "que les van a dar (los socialistas) a vascos y catalanes" para recabar su apoyo en la investidura, mientras que no hay compromisos con los gallegos, considerados "ciudadanos de tercera".

Por otra parte, acerca de la posible indemnización a Audasa, el presidente de En-Colectivo ha señalado que ya el Consejo de Estado "advirtió de que es más caro" financiar la bonificación de los peajes (los retornos de los usuarios habituales) que una posible indemnización a la concesionaria. Asimismo, ha matizado que esa compensación por lucro cesante "no sería tanta" como la anunciada, teniendo en cuenta que la empresa ha estado "retrasando la amortización" y por ello tiene rentabilidades por encima de lo que debería.

La empresa, que pertenece al grupo Itinere, siempre ha negado esa acusación, y ha incidido en que, desde que se produjo la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en 2003, todo los beneficios han ido destinados a amortizar las inversiones y no se han repartido dividendos entre los accionistas.

Mientras, a principios de año y en respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, el Gobierno se limitó a constatar que, en tanto que la UE no ha anulado la prórroga de la concesión, la obligación legal es cumplir lo aprobado en su momento.

Grupos parlamentarios

Precisamente, a principios de esta semana, el BNG ha recordado que, si no fuera por la prórroga aprobada por el PP, desde este viernes la Autopista del Atlántico "sería gratuita".

El diputado nacionalista Luís Bará, que calificó de "obscenos" los resultados económicos de la concesionaria en el primer trimestre del año (36 millones de euros, casi un 70 % más que en el mismo período del 2022), anunció que el BNG volverá a presentar iniciativas en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados para lograr el "doble objetivo" de una AP-9 "gallega y libre de peajes".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que "el auténtico problema para Galicia con respecto a la AP-9 tiene nombre propio exclusivo, el del PP, el PPdeG".

Así, el portavoz socialista ha subrayado que "Galicia entera sabe" que, de no ser por esa prórroga aprobada por el gobierno de Aznar, la autopista finalizaría ahora la concesión y podría ser gratuita. "La responsabilidad es clara y exclusivamente del PP", ha abundado, al tiempo que ha puesto en valor las bonificaciones en los peajes aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha recalcado, "si hubo un gobierno que apostó por minimizar el impacto de los peajes" fue el de Sánchez, gracias al cual los gallegos usuarios de la autopista han podido tener "ahorros importantísimos".

Mientras, el grupo del PPdeG registró el pasado mes de junio una proposición de ley, para dirigir al Congreso de los Diputados, para la transferencia de la AP-9, toda vez que, al convocarse las elecciones generales, decayó el texto legislativo que se estaba tramitando en la Cámara Baja.

El portavoz de Infraestructuras del grupo 'popular', José Manuel Balseiro, ha recalcado en declaraciones a Europa Press que la transferencia "es la gran asignatura pendiente del futuro gobierno de España con Galicia" y que el PP hará "todo lo posible por que se materialice". Al respecto, ha vuelto a acusar al PSOE de haberla bloqueado en la anterior legislatura y haberla "dejado caducar", "con la complicidad del BNG".

"Queremos la transferencia de la titularidad, el traspaso de los servicios y todos los medios materiales, humanos y presupuestarios necesarios. La gran pregunta es qué haran el PSOE y el BNG, si esta vez se pondrán a favor de Galicia o si seguirán plegándose a otros intereses", ha proclamado.