El Tribunal Superior desestima el recurso del puerto de A Coruña contra la declaración como espacio público de La Solana
La resolución recuerda que el pleno municipal aprobó tres mociones de PSOE, MAREA y BNG para garantizar la titularidad pública de los terrenos que habían estado incorporados al dominio público portuario estatal hasta que fueron desafectados en el 99
A Coruña
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón al Concello de A Coruña en su demanda de La Solana como parte del patrimonio público. Ha desestimado el recurso interpuesto por el puerto contra el acuerdo del pleno municipal que aprobó la modificación puntual del PXOM para recuperar la titularidad pública del solar que ocupan las instalaciones.
La resolución recuerda que el pleno municipal aprobó tres mociones de PSOE, MAREA y BNG para garantizar la titularidad pública de los terrenos que habían estado incorporados al dominio público portuario estatal hasta que fueron desafectados en el 99. Señala el tribunal que "conviene recordar que la potestad urbanística de la Administración se ejercita fundamentalmente por los Ayuntamientos", algo que subraya el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, como aviso de cara a la ordenación de los muelles y la preservación del espacio público.
El tribunal impone costas al Puerto y señala que solo cabe contra esta decisión recurso de casación ante el TS.
La sentencia subraya que la decisión municipal persigue el interés público frente a la posible enajenación de los terrenos por parte del puerto en pública subasta. Recuerda la defensa del interés general y la singularidad del entorno en que se ubica La Solana, dentro del ámbito PEPRI.
Entre las reacciones, la del puerto que señala que el cambio del Plan General no afectará al uso de la instalación como mensaje a los miles de abonados. Señala que la Autoridad Portuaria había recurrido el cambio en la calificación urbanística para defender su patrimonio. Asegura que "no tiene en la actualidad ninguna intención de vender la Solana". Considera que lo más adecuado es que mantenga "su condición de equipamiento deportivo abierto a los ciudadanos".
Sus servicios jurídicos analizarán si procede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
