Este jueves se celebra en Vigo el juicio contra siete personas acusadas de vender decodificadores pirata en España
La Fiscalía pide 23 años de prisión y una multa de más de 21 millones de euros para la empresa distribuidora
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La Fiscalía solicita 23 años y nueve meses de prisión para siete personas acusadas de formar un entramado que se dedicaba a vender, a través de su empresa, decodificadores piratas en todo el territorio nacional haciendo uso de servidores ubicados en Lituania y en Alemania y, más tarde, en su sede en Barcelona.
El juicio se celebrará el próximo jueves en Vigo, desde las 10h00 en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra y entre los acusados también está la empresa, con sede en Barcelona.
Según recoge el escrito de acusación lo que hacían era emitir o reproducir contenidos audiovisuales y de canales de televisión, tanto públicos como privados, vulnerando los derechos de propiedad intelectual.
Empresa con delegaciones en toda España
El "modelo de negocio" de la empresa acusada, con delegaciones en toda España, entre ellas en Galicia, era realizar apagones periódicos de los servidores lo que obligaba a los usuarios a comprar otro decodificador de la marca que le permitía volver a ver los canales de televisión de pago de forma gratuita.
De esta forma, como consecuencia de las caídas de servidores llevaron a un "aumento considerable" de los beneficios en la empresa por el incremento de las ventas de los decodificadores de su marca. Los delitos que se le atribuyen son pertenencia a una organización criminal, y contra la propiedad intelectual o relativo al mercado y los consumidores.
21 millones de multa
Por su parte, la empresa se enfrenta a una multa de más de 21 millones de euros por el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, así como la prohibición definitiva de vender decodificadores y otros productos relacionados con la emisión de contenidos audiovisuales por 10 años.
Además, los acusados deberán indemnizar a una de las entidades perjudicadas con más de 11 millones de euros, a otra con más de dos millones y a la tercera con una cuantía de más de tres millones por los prejuicios económicos ocasionados.
