La justicia aplaza por incomparecencia el juicio contra cinco miembros de una familia de Vigo por alzamiento de bienes
Fiscalía pide tres años de cárcel para el padre, su exmujer y los tres hijos comunes, además de una sanción económica
MIGUEL RIOPA
La incomparecencia por enfermedad de una de las cinco personas, todas de la misma familia, acusadas de un delito de alzamiento de bienes, ha obligado a posponer hasta febrero de 2024 el juicio que se iba a celebrar este martes en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.
Más información
Se trata de cinco miembros de una familia, los padres y tres hijos, para los que la Fiscalía solicita penas de tres años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes tras haber dejado de pagar un millón y medio de euros por la adquisición, en 2016, de una empresa de marisco.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el padre, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, y en condición de administrador solidario de la empresa Mariscos Anduriñamar, de la que era administradora solidaria su entonces mujer, suscribió la compraventa de Mariscos Penimar en abril de 2016.
En esa operación, Anduriñamar se hizo también con los enseres, maquinaria y la nave industrial de Penimar en el Puerto de Vigo a cambio de 2 millones de euros, si bien en la escritura pública figuraba un precio de 1,2 millones.
El administrador de la empresa compradora avaló 17 pagarés con una serie de bienes que ascendían a casi 6,8 millones de euros, entre ellos, tres embarcaciones.
El acusado satisfizo 450.000 euros y dejó de pagar la cantidad restante derivada del contrato, 1,55 millones.
El vendedor reclamó el pago de las cantidades atrasadas sin obtener nuevos ingresos porque el deudor alegaba dificultades económicas.
El fiscal, sin embargo, considera que el acusado actuó con ánimo de perjudicar al vendedor y con el propósito de no abonar la cantidad que debía ya que vendió la nave a Froiz en mayo de 2016, un mes después de firmar escritura pública con Penimar, por 1,3 millones de euros, además de percibir otras cantidades.
El Ministerio Público entiende que con el propósito de eludir el pago de la deuda compró un buque mercante por el que abonó más de 150.000 euros y creó, junto a su hijo, la empresa CTM Marítimas en Panamá, a la que transfirió uno de los barcos de Anduriñamar por 175.000 dólares.
De acuerdo con su mujer y sus tres hijos, conocedores de la deuda, según la Fiscalía, redujeron el capital de Anduriñamar el 18 de marzo de 2018 a 244.000 euros tras haber amortizado 182.000 euros a favor del acusado mediante la entrega de varios bienes, entre ellos una vivienda que había sido dada en garantía para el contrato firmado en 2016.
Esa residencia fue transmitida ese mismo 18 de marzo de 2018 en virtud de escritura pública de pacto de mejora a favor de una de sus hijas.
Con dos hijos y su exmujer, el acusado creó otra empresa en junio de 2018, CTM de la Vía, a la que en 2019 transmitió tres barcos que había dado en garantía en 2016 a Penimar.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo decretó en 2020 el embargo preventivo de cinco embarcaciones y las fincas adquiridas por el acusado en marzo de 2018 para reducir el capital social de Anduriñamar.
El Fiscal pide para los acusados tres años de prisión y multa de 12.000 euros, así como la disolución de Anduriñamar y CTM de la Vía, la prohibición de que realicen en el futuro actividades vinculadas con importación, exportación, comercialización, y la indemnización de esas dos sociedades al denunciante por 1.586.367 euros.
