Las trabajadoras del sector de la limpieza llevan saliendo a la calle a manifestarse 24 días seguidos. Reclaman mejoras laborales en la renegociación del convenio, entre ellas cobrar el sueldo mínimo. No hay acercamientos por parte de la patronal desde el pasado mes de junio, pero ahora han sido convocadas el próximo viernes, 10 de noviembre, a una reunión de la mesa de negociación. Las limpiadoras aseguran que van a volver insistir en su última propuesta, y que no van a rebajar sus demandas porque consideran que son las condiciones mínimas que deben garantizarse. Paulo Carril, secretario general de la CIG, ha acudido a Lugo para transladar el apoyo de todo el sindicato al sector de la limpieza. Ha asegurado que van a «intensificar la lucha en este convenio» y anuncia que valoran convocar un día de huelga general de todo el sector. Incluirá a todas las trabajadoras y no solamente, como hasta ahora, a las suscritas al convenio provincial. Ha manifestado además la convicción del sindicato de que la actitud de la patronal representa «otra forma de violencia contra la mujer», al precarizar un sector eminentemente feminizado. Carril ha calificado como «un ejercicio de violencia» contra las trabajadoras la negativa a negociar las condiciones «denigrantes y de miseria» de su convenio colectivo. En este contexto, cerca de un centenar de trabajadoras del sector han vuelto a movilizarse este miércoles en las calles de Lugo. Su marcha, que ha cortado temporalmente la Ronda da Muralla, ha terminado en esta ocasión frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Lugo. Piden a los empresarios lucenses que hagan frente a las grandes empresas que están entorpeciendo la negociación: «A la Confederación de Empresarios de Lugo les preguntamos hasta cuándo van a continuar permitiendo que las empresas madrileñas marque la negociación porque no son capaces de asumir las reclamaciones mínimas», dice Paulo Carril. Desde la CIG apuntan además a las Administraciones por permitir que «empresas madrileñas vengan a invadir el país con miseria y pobreza». Denuncian los «beneficios millonarios» que facturan a raíz de los contratos públicos a los que acceden con precios inferiores, pero «a costa de rebajar los salarios y las condiciones laborales». Apunta Carril que las condiciones que pretenden imponer desde ASPEL son «ilegalidades disfrazadas de convenio rebajado». Piden a los organismos públicos que tomen cartas en el asunto, porque es «inconcebible que la administración esté permitiendo este abuso».