La Xunta sabía que su ley del litoral podría ser inconstitucional
El Gobierno central advirtió en enero de que el texto chocaba con la Carta Magna, pero el Ejecutivo autonómico hizo oídos sordos y siguió adelante con la normativa
La Xunta ya sabía que su ley del litoral era inconstitucional
02:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1699551783035/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Santiago de Compostela
El Gobierno central había advertido a la Xunta de Galicia en varias ocasiones de que la ley del litoral que planteaba era inconstitucional. Lo hizo de manera directa y también lo comentó en una entrevista aquí en la SER el secretario de estado, Hugo Morán, que declaró que "era prácticamente una declaración de independencia". Sin embargo, la Xunta siguió adelante y el Gobierno central tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional buena parte de este texto.
En la SER hemos tenido acceso a un escrito enviado al Ejecutivo autonómico en el que se avisaba de que el anteproyecto de ley presentaba una serie de problemas, al asumir competencias de gestión del dominio público del litoral y las competencias de protección del medio ambiente.
Uno de los asuntos clave de los que se avisaba en ese informe era la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, como ha sucedido en otros territorios. La Xunta aprobó el texto sin contar con todos los informes favorables.
El Consejo de Estado redactó un demoledor informe de 55 páginas que sirve de base para el recurso presentado por el Gobierno central. Hay cuatro argumentos principales. Por un lado, la apropiación, por parte de la Xunta, de competencias que regulan el régimen jurídico marítimo terrestre. Tampoco se adecúa a la normativa estatal que limita la propiedad de los terrenos contiguos al mar.
El tercer punto de este informe señala que se arrojan competencias sobre el mar territorial. Por último, el gobierno gallego asume la gestión de los títulos de ocupación marítimo terrestre, algo que no puede hacer sin modificar el Estatuto.
Pese a todo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda insiste en que se trata de un recurso político