Rebaja de penas de la Pokémon: Fernández Liñares acepta dos años y medio de cárcel

Lugo

Los 11 acusados en la pieza principal de la operación Pokémon relacionada con la adjudicación del servicio de la grúa municipal en Lugo, entre ellos el que fuera teniente de alcalde de Lugo Francisco Fernández Liñares, han llegado a un acuerdo sobre su condena con la Fiscalía que rebaja sus penas.

De este modo, todos ellos reconocen la autoría de los delitos que le imputaba la Fiscalía, con algunas modificaciones para beneficiarse de rebajas de las condenas. Verán reducidos tanto los años de prisión que deberán cumplir como la cuantía de las multas que se les exigen. Con este entendimiento, el juicio no tendrá que celebrarse y bastará con una sesión en la que se ratifique el acuerdo.

Entre los acusados está el que fuera concejal de Urbanismo de Lugo Francisco Fernández Liñares, a quien el Ministerio público acusa de delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y violación de secretos por funcionario público.

El Ministerio fiscal, tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral, solicitaba que fuese condenado a penas que sumaban nueve años y medio de cárcel y 32 de inhabilitación. Ahora, tras este acuerdo, su pena se sitúa en dos años y seis meses de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público por varios años y multas que suman más de 100.000 euros.

El exmandatario socialista se situó como el principal acusado de la adjudicación fraudulenta en el año 2005 del servicio de la grúa municipal a Cechalva, compañía que también figura como acusada junto a otra empresa, Sanle.

Ambas entidades son condenadas por un delito contable a sendas multas. Además, a la primera de ellas se la inhabilita para obtener subvenciones, ayudas y contratar con la administración pública por el plazo de tres meses.

Otros condenados

Francisco Fernández Liñares se convirtió en marzo de 2021 en el primer condenado en la operación Pokémon. Junto a el, en esta pieza principal aceptan penas J.R.P., considerado el "enlace" entre Liñares y la empresa que se hizo con el contrato de la grúa.

En su caso acepta dos años y seis meses de prisión por aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y de un delito contable. Además, se le impone el pago de una multa de 29.000 euros. Estos mismos delitos se le atribuyen a otro socio de Cechalva, M.S.G, al que se condenan a unos dos años de cárcel y una multa de 28.000 euros.

Otros ocho acusados más enfrentan penas de cárcel, inhabilitación o multas que suman en total más de 65.000 euros.