El exalcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, declara en sede judicial que cuando se quitó las multas "no sabía lo que firmaba"

El exalcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, ha asegurado que cuando suscribió los decretos para quitarse cinco denuncias por estacionar en carga y descarga, lo hizo sin saber lo que estaba firmado y que cuando se dio cuenta pensó que "lo hecho, hecho está", sin ser consciente de lo que aquella decisión podía acarrearle.

En su declaración en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, Gómez Prado ha afirmado que contaba con una tarjeta que le habilitaba para aparcar como vehículo autorizado, pero se la había dejado olvidada en un coche de sustitución.

El Fiscal acusa a Gómez Prado de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso, con otro de falsedad en documento oficial por funcionario, mientras que el entonces oficial de Policía, que ahora es jefe del servicio, Plácido Viéitez, sería cómplice del primero y autor del segundo.

Cinco multas de estacionamiento y una tarjeta falsa

Los hechos por los que están siendo juzgados exalcalde y oficial de Policía corresponden al año 2021, cuando Gómez Prado, que es concejal y diputado provincial del PSdeG, era alcalde de Baiona y, según el escrito de acusación, se quitó cinco multas de estacionamiento y usó una tarjeta fraudulenta para justificar que podía aparcar en una zona de carga y descarga en abril, mayo y junio de 2021.

Gómez Prado admitió que aparcó el coche en carga y descarga y que en alguna ocasión le dejaron el boletín de la denuncia en el parabrisas, la última de ellas, en 2022, posterior a los hechos que se juzga, con la tarjeta expuesta. Afirmó que solicitó en diciembre de 2020 la expedición de esa tarjeta al oficial que ejercía de jefe accidental de la Policía Local, el otro imputado, y dijo que antes de enero de 2021 nunca había aparcado el coche en la zona en la que fue denunciado.

Relató que, aunque disponía de la tarjeta, en varias ocasiones en que fue multado no la tenía expuesta porque su coche "andaba mal de salud", tuvo que llevarlo al taller en algunas oportunidades y trasladó la autorización al vehículo de sustitución, el de su padre, olvidándose de volver a ponerla en el suyo.

Según el Fiscal, el instructor del expediente, de la Unidad de Sanciones de Tráfico de la Oral de la Diputación de Pontevedra, omitió el preceptivo traslado de los alegatos efectuados a los agentes denunciantes y emitió propuestas de resolución en el sentido de que se estimaran las alegaciones y se archivara el procedimiento.

Firmó el decreto "sin saber lo que firmaba"

Gómez Prado explicó que quien instruye es el Oral y quien decreta es la alcaldía y aseguró que firmó el decreto de la resolución "sin saber lo que firmaba" porque no llegó a leerlo.

Cuando se dio cuenta de que era juez y parte, el exalcalde dijo que entendió que "lo hecho, hecho está" y que no tenía "potestad" para modificar todo el trámite administrativo. Confesó que "no era consciente de lo que suponía" quitarse sus propias multas hasta que el asunto lo sacaron los partidos de la oposición.

El otro acusado, Plácido Viéitez, admitió que el alcalde le solicitó la tarjeta y que él mismo la elaboró el 16 de diciembre de 2020 en el ordenador porque cuando se confeccionó estaba de vacaciones el administrativo de atención al público y tampoco se encontraba el jefe del servicio, Pedro Alonso, así que el único que podía hacerlo era él.

Afirmó que la orden general de conocimiento de esa autorización fue expuesta en el corcho de la oficina ese mismo día y ahí quedó, si bien señaló que en esas dependencias se produjeron "actos vandálicos" como la rotura de las órdenes, algo que confirmó uno de los agentes que declararon este viernes, a quien le constaba que el alcalde disponía de una autorización para aparcar en zonas reservadas antes las denuncias.

Declaración de testigos

Óscar Martínez, que es concejal en Baiona desde 2019, afirmó que tiene amistad con Carlos Gómez y buena relación con Plácido, y fue el primer testigo que aseguró en sala que el entonces alcalde tenía tarjeta de aparcamiento en marzo de 2021, antes de recibir las multas por mal estacionamiento, porque la vio en su coche y, de hecho, en una de las ocasiones esa autorización se le cayó y él la recogió. Añadió que alguna vez se le olvidaba ponerla.

También confirmó la existencia de la tarjeta antes de las sanciones otro exmiembro del equipo de Gobierno de Baiona, concuñado del jefe de la Policía Local, porque él mismo la cogió en la guantera del vehículo del acusado tras una visita institucional a la Xunta en Santiago.

Dos trabajadores, una del departamento de Servicios Sociales y otro del de Deportes, admitieron tener tarjetas habilitantes para aparcar antes de que Gómez Prado fuera multado y, como la primera que se le expidió al alcalde, no tenían ni número de expediente ni fecha de expedición.

Un agente dijo en sala judicial -no había declarado en instrucción- que a algunos de sus compañeros les comentó que él sí había visto la orden que informaba de la autorización al alcalde.

En cambio, los que denunciaron los hechos a la Fiscalía habían asegurado en la primera jornada del juicio que desconocían que el alcalde dispusiera de esa autorización y los que pusieron las multas afirmaron que no tenían constancia de que las propuestas de sanción hubieran sido alegadas por el primer edil y archivadas hasta el pleno municipal en que se abordó el asunto.

Para el exalcalde, pide la Fiscalía tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tres lustros por el primer delito, a los que sumaría otros dos años sin poder ostentar empleo público por el de falsedad, con una multa de 1.080 euros.

El actual jefe de la Policía Local se enfrenta también a tres años de cárcel, 1.080 euros de multa y seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público. Las conclusiones e informes han sido pospuestas para el lunes 29 de enero a las 12:00 horas.