El TSXG da la razón a un afectado del "catastrazo" de Salceda de Caselas por considerarlo "contrario a derecho"
Según los abogados, hay más de 5.000 vecinos afectados y el concello tendría que devolver 1,3 millones de euros
Entrevista a Tano Guerra, portavoz de la Plataforma Veciñal contra o Catastrazo
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La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón a uno de los afectados por el conocido como "catastrazo" del concello de Salceda de Caselas, una sentencia que podría beneficiar a unas 5.000 personas y obligar al ente local a devolver 1,2 millones de euros.
El alto tribunal ha anulado el "catastrazo" al entender que es "contrario a derecho", si bien admite que concurren dudas de hecho/derecho significativas al existir algunas pruebas a favor de la postura rechazada, tal y como refleja en un auto que recoge la agencia EFE.
El vecino que ha logrado tumbar el 'catastrazo' forma parte de una plataforma que integra a más de 120 personas que presentaron demandas contra la medida de Salceda de Caselas de considerar como urbanos, a efectos fiscales, núcleos rurales que carecían de las dotaciones propias de los espacios urbanizados.
La plataforma, que está defendida por los despachos BGI-LAW y Calixto Escariz Abogados, presentó en el año 2021 demandas en las que pedían a anulación de esos cambios que introdujo el concello.
La sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG dictó la sentencia el 19 de octubre de 2023 y, según explican los abogados, ya es firme, por la que anula la medida que adoptó Salceda de Caselas.
El alto tribunal declara que los terrenos situados en núcleos rurales tradicionales, en entornos pendientes de urbanizar, que fueron computados como urbanos, a los efectos del IBI, deben de seguir siendo considerados como rústicos -no urbanizables-.
Los abogados señalan que en virtud de esta resolución judicial a los titulares de los terrenos no se les puede exigir el pago del IBI como si se tratase de fincas urbanas y que en relación con las liquidaciones ya practicadas, se obligará al ORAL (órgano de la Diputación de Pontevedra encargado de colaborar con los concellos en la gestión, inspección y recaudación de los tributos locales) y al concello de Salceda de Caselas a devolver las subidas del IBI cobradas en los últimos cuatro años.
Según los abogados, hay más de 5.000 vecinos afectados y el concello tendría que devolver 1,3 millones de euros.
