Los dos responsables de la cementera de Redondela a juicio por ruidos, se acusan entre ellos durante la sesión en la Audiencia de Vigo
La Fiscalía solicita seis años de prisión por ruidos y lesiones al administrador y la apoderada, pareja en el momento de los hechos
Ciudad de la Justicia
Los dos supuestos responsables de una fábrica de cemento de Redondela, que eran pareja en el momento de los hechos que se juzgan, han ofrecido versiones contrarias en un juicio por ruidos que se ha celebrado este miércoles, en la que se han acusado mutuamente de dirigir la empresa.
La Fiscalía pide seis años de prisión para ellos por el exceso de ruido de la planta y las lesiones que sufrieron cuatro personas que residían en una vivienda contigua.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acogido el juicio en el que Ministerio Público solicita para ambos tres años de prisión y una multa de 5.400 euros por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica, y otros tres años de cárcel por delitos de lesiones a cuatro personas.
Sesión este miércoles 21
Los acusados son Jorge C., administrador único de Hormigones Vigo y apoderado de la posterior JCA Hormigones, y la apoderada con facultades de dirección Ana Rosa.
Jorge respondió a las preguntas del ministerio fiscal y de su defensa, dijo que tuvo Hormigones Vigo hasta 2002, cuando la vendió a JCA hormigones y él se quedó un poder general, pero la dirección de la empresa la llevaba Ana Rosa. "Yo no dirigía la empresa", aseguró el acusado, quien dijo que fue apoderado hasta 2013. "Hacía lo que mandaban", señaló y afirmó desconocer los expedientes, sanciones y precintos que le pusieron a la planta.
De los vecinos afirmó que es que "se quejaban por todo" desde el primer día porque "no querían la industria allí" y añadió que el administrador estaba "en Brasil y venía de vez en cuando", al tiempo que calificó de "nefasta" la relación con la otra acusada y aseguró que salió "absuelto de todas las querellas" que esta le puso. Ana Rosa, que respondió a preguntas de todas las partes, relató que en 2008 se fue a vivir con el otro acusado y ahí empezó su relación con la empresa.
Además, contó que JCA Hormigones responde a las iniciales del procesado, y señaló que Manuel, el administrador, era el tío materno de éste, "un testaferro". Según relató, tuvo conocimiento de los precintos de la empresa porque vivían juntos y le atribuyó a Jorge el dar "las órdenes" y que "la actividad" no se parara.
Contó que trabajaban de día y de noche porque estaban haciendo unas obras del AVE, que ella no era empleada de la empresa porque tiene una "invalidez absoluta", que solo tenía un poder para ir en representación de la cementera a la hora de hacer trámites, y que estuvo ligada a la empresa hasta que el acusado salió culpable del concurso mercantil.
También señaló que Jorge mandó al hospital en una ocasión a José Manuel, una de las víctimas, que falleció antes del juicio, y de la que decía que "su meta en la vida era hundir a la empresa y no se lo iba a permitir". Ana Rosa afirmó que por "coacción, enamoramiento o tontería" se responsabilizó de una causa abierta contra el acusado para evitar que este fuera a la cárcel. "Y aquí estoy", lamentó.
Quejas y denuncias de los vecinos
Una de las víctimas, Mari Carmen, con problemas auditivos, señaló que les "temblaba la casa", que a veces había como "una nube de polvo que cubría toda la finca" y no podían abrir las ventanas. Tampoco podían dormir, pues tenían la "cementera pegada a la habitación", y dijo que sigue con tratamiento contra la ansiedad y toma tranquilizantes. "Antes de esos ruidos no tenia problemas", sostuvo.
A la empresa la acusó de echar hormigón hacia un regato que da al nacimiento del río Lagares y al acusado, en concreto, le atribuyó una "paliza tremenda" a su marido en el portal de su casa, además de que amenazó con degollarlo - por lo le llevaron a juicio- y le dijo: "Te voy a coger a la mujer y te la voy a violar y a matar, y a tu hija, lo mismo".
La señora llegó a decir que su hijo intentó suicidarse dos veces porque no aguantaba más, algo que él mismo confirmó, el primer intento hace 21 años y el segundo en 2013. "La situación en casa era muy opresiva", señaló el hijo en el juicio, que sigue con tratamiento psiquiátrico desde 2001 por una depresión crónica. La defensa de Jorge pidió la nulidad y solicitó la recusación de un miembro del tribunal. Mientras, el abogado de la otra acusada, Ana Rosa, solicitó la prescripción.
Después de un receso, la fiscalía arguyó que no concurría la nulidad y también se opuso a la recusación y a la prescripción. El tribunal declaró improcedente la nulidad y tampoco accedió a la prescripción ni la recusación.
