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Bruselas advierte de que Aznar sabía que iba a privatizar la AP-9 cuando prorrogó la concesión

En una carta a la que ha tenido acceso la SER, el comisario europeo desvela que tienen documentos que demuestran la maniobra por parte del Ejecutivo del PP

Imagen del puente de Rande. AP9 / Salvador Sas/ EFE

Imagen del puente de Rande. AP9

Santiago de Compostela

La Comisión Europea considera que la privatización impulsada por el Gobierno de Aznar en 2003 de la AP-9 es un argumento clave a la hora de cuestionar la prórroga concedida a Audasa hasta el año 2048. El comisario de Mercado Interior le remitió una carta al Gobierno central en la que advertían de que el Ejecutivo de Aznar ya planeaba en 1999 esa privatización, y que la prórroga era un mecanismo para aumentar su valor de mercado.

En una misiva a la que hemos tenido acceso en la Cadena SER, el comisario desmonta el principal argumento que habían esgrimido las autoridades españolas para justificar la modificación y la prórroga de la concesión de la AP-9 por 25 años más. La llamada excepción In House, en la que el Estado español se aferraba a que la autopista era de titularidad pública en el año 2000 cuando se decidió la ampliación del contrato. La Comisión observa que esa posición no es coherente porque ya existían dos contratos de concesión.

Bruselas observa varios elementos que demuestran que, cuando el Gobierno de Aznar decidió ampliar la concesión, ya sabía que iba a privatizar Audasa. Elementos que "parecen indicar que el verdadero objetivo de la prórroga era aumenta sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable".

En este documento recuerdan que "el procedimiento se inició más de ocho meses antes de la prórroga de la concesión de la autopista", y añaden que los ministerios de Hacienda y Fomento "ya estaban manteniendo conversaciones con vistas a la venta".

También señalan que España vulneró los principios generales de igualdad de trato al no publicar un anuncio de licitación y no organizar un procedimiento de contratación pública.

 
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