Liñares y otros diez procesados en la Pokemón reconocen hechos a cambio de rebajas de pena
La operación fue abierta por la jueza Pilar de Lara para investigar las maniobras realizadas para amañar la adjudicación del servicio de la grúa
Asistentes a la primera sesión del juicio por la ‘Operación Pokémon’, en Lugo, Galicia, (España), a 23 de febrero de 2021. / C. Castro. POOL (EUROPA PRESS)
LUGO
La pieza principal de la Operación Pokemón llegaba este lunes a juicio aunque todo los acusados, el que fuera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, y otros diez procesados, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía que contempla importantes rebajas de pena.
En realidad, después de tantos años de instrucción y de espera para que esta pieza llegase a juicio, la causa se resolvió relativamente rápido este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo gracias a ese acuerdo de conformidad de todos los procesados con el ministerio público.
La conocida como Operación Pokemon fue abierta en su día por la jueza Pilar de Lara para investigar las maniobras realizadas para amañar la adjudicación del servicio de la grúa municipal en Lugo
Fernández Liñares intervino por videoconferencia en la vista oral, dado que se encuentra en la prisión de Monterroso cumpliendo condena por las irregularidades que cometió cuando era presidente de la Confederación Hidrográfica Miño- Sil.
A esas penas a las que fue sentenciado en su día, de algo más de cinco años de cárcel, se suman ahora otros dos años y medio de reclusión, gracias al citado acuerdo de conformidad, habida cuenta de que el ministerio público pedía inicialmente para él una pena superior a los nueve años de reclusión.
Además, tendrá que pagar una multa de 105.000 euros por los delitos de violación de secretos por parte de un funcionario público, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
El letrado que ejerció su defensa, Emilio Cortés, recordó a los medios de comunicación, antes de tomar parte en la vista oral, que “la Justicia lenta dicen que no es justicia”.
“Lo cierto y verdad es que después de más de una decena de años nos encontramos con la posibilidad de cerrar este asunto, con los acuerdos de conformidad entre las partes, que hemos entendido que es lo más beneficioso, tanto para la Administración de Justicia como para nuestros clientes”, añadió.
De hecho, precisó que lo que se celebró esta mañana en la Audiencia Provincial fue “la conformidad y no el juicio en sentido estricto”.
“Los acuerdos siempre son agridulces. Las partes están contentas y descontentas a la vez. Evidentemente, nos aseguramos una serie de prerrogativas procesales, pero siempre nos quedamos con la sensación de que podríamos haber llegado a una sentencia más favorable para el cliente. También la acusación pensará que podría haber conseguido una condena más contundente”, dijo el abogado de Fernández Liñares.
Con respecto a las circunstancias que rodearon a la instrucción de esta causa, dio que “al final, el paso del tiempo lo relaja todo. También determinadas circunstancias que han concurrido en este caso y que no merecen ahora mismo cita. Con la colaboración de todos, hemos llegado a ese equilibrio”.
En cuanto a la situación de su cliente y su permanencia en la cárcel, recordó que “no hay cruces” entre ambas causas. “Cuando los hechos se cometieron él no había sido condenado por ningún delito doloso. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, precisó. Por lo tanto, “no tiene conexión procesal, ni a efectos de reincidencia ni de suspensión”.
También ha sido juzgada la mujer de Fernández Liñares y el trabajador del Ayuntamiento de Lugo que fue considerado su testaferro por los investigadores del caso, que aceptó una pena de dos años y cinco meses de prisión, así como una multa de 32.150 euros, por aprovechar información privilegiada, cohecho y falsedad en documento mercantil, entre otros delitos.
El propietario de la empresa concesionaria de la grúa fue condenado a dos años y un mes de prisión, con una multa de 30.150 euros, por los mismos delitos.
Asimismo, también se sentó en el banquillo de los acusados el socio de Liñares en la empresa que gestionaba la publicidad en los buses municipales. Los otros siete empresarios han sido juzgados por aportar facturas falsas a la trama investigada y han aceptado penas que van entre los dos y los nueve meses de reclusión.
Fernando Barutell, letrado de la defensa de uno de los procesados, confirmó que “salvo sorpresa mayúscula se suspenderán las penas” de prisión inferiores a los dos años.
En cuanto al tiempo que ha durado la instrucción de la causa, dijo que “se ha alargado mucho el procedimiento”, pero “también es cierto que se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas”, de modo que “el tiempo” ha jugado también a favor de los procesados para “rebajar las penas”.
