Navantia Ferrol se ajusta a la nueva legislación con una autorización ambiental integrada

Ferrol

La Xunta de Galicia ha confirmado este lunes la concesión de la autorización ambiental integrada al astillero de Ferrol del grupo Navantia, que adapta con esta figura legal tanto sus actuales instalaciones como sus futuras ampliaciones a la normativa vigente.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado en esta misma jornada la resolución favorable al respecto, ya disponible para su consulta en la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El Gobierno autonómico ha comunicado que el análisis técnico "de todo o expediente e os posibles impactos derivados" ha finalizado con la conclusión de que el proyecto presentado por la firma estatal "é viable medioambientalmente sempre que se cumpran os condicionantes sinalados".

Así, el Ejecutivo gallego ha valorado que el permiso permite completar los "pasos para que a instalación obteña" las autorizaciones ambientales necesarias "para desenvolver a actividade" habitual de la compañía dependiente de la SEPI.

La planta pública, ha remarcado, se encuentra "nunha parcela cunha superficie total de máis de 930.000 metros cadrados e conta cunha zona cuberta de 335.000 metros cadrados" y otra de gradas, prearmamento de bloques y superficie de almacenaje de 230.000 metros cuadrados.

El recinto se completa con sus talleres, que están dotados de una zona cubierta de 13.000 metros cuadrados de superficie y otra descubierta de 19.000 metros cuadrados, ha apostillado la Xunta de Galicia.

Fuentes de Navantia han estimado que el documento "es una figura de intervención administrativa que sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta la entrada en vigor del Real Decreto" que aprobó "el texto refundido de la ley de prevención y control integrado de la contaminación".

"Es una norma que ya tienen que cumplir las nuevas instalaciones y a la que las existentes se deben adaptar; deriva de directivas europeas que se han ido transformando", han añadido.

La tramitación administrativa correspondiente era precisa "para adaptarse a la ley", han precisado las mismas fuentes, que han recordado que el proyecto "se sometió a información pública en 2022" en el marco de un proceso que prevé "informes sectoriales diversos" y el pertinente período de alegaciones.