El Concello de A Coruña activa por fin el proceso para declarar la emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras
Da 72 horas a Prezero para que recoja los residuos acumulados y, si no lo hace, se activará la alternativa el lunes a las ocho de la mañana. Se mantiene la convocatoria de concentración en María Pita por la gestión de las basuras. PP y BNG alertan del problema de seguridad que ha provocado la quema de contenedores
Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana
11:59
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A Coruña
El Concello de A Coruña enviará hoy un requerimiento a la empresa Prezero, concesionaria del servicio de recogida de basuras, para que en 72 horas tome las medidas necesarias para devolver a la ciudad a condiciones óptimas de salubridad. Si no cumple, el lunes a las ocho de la mañana declarará la emergencia sanitaria para proceder a la contratación de una empresa que se haga cargo de la recogida de basuras en toda la ciudad. Lo ha anunciado en el Concello la Alcaldesa de A Coruña Inés Rey tras reunirse con representantes de la Federación de Asociaciones de vecinos 26 días de iniciado el conflicto.
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Los comerciantes, hosteleros, grupos ecologistas y la oposición municipal llevan semanas reclamando la adopción de estas medidas ante la acumulación de residuos con aparición de ratas e insectos y gran actividad de las gaviotas entre los residuos.
Reacciones desde la oposición
PP y BNG recuerdan que hace ya quince días el pleno municipal aprobó la adopción de medidas extraordinarias para que el Concello buscara vías alternativas a la de la concesionaria para limpiar las basuras.
La oposición, PP y BNG, apoya la declaración de emergencia sanitaria que se produce quince días después de la aprobación de la medida por el pleno municipal. Ambos grupos insisten además en que, además del problema sanitareio y económico y para lacalidad de vida, esta noche ha habido momentos de peligro real cuando dos de las quemas de contenedores han afectado a edificios habitados.
El PP considera que la medida llega tarde, coincide en la necesidad de investigar la actuación del sindicato y no ceder ante sus chantajes.Recuerda que el actual contrato está en precario porque fue anulado por los tribunales y subraya el peligroso episodio en O Castrillón. Ha visitado a los vecinos de la zona. Su portavoz Miguel Lorenzo.
El BNG apoya las medidas y recuerda que se aprobaron en pleno por su iniciativa en pleno el pasado 4 de julio. Advierte del "grave problema de seguridad ciudadana" ante la quema de contenedores. Acusa al sindicato convocante de chantajear a la ciudad e insiste en que se quiere arrogar las competencias sobre contratación de personal en una actuación que está siendo objeto de investigación judicial.
¿Qué dicen los vecinos?
Las asociaciones vecinales y sociales que han convocado una concentración a las ocho de la tarde en la Plaza de María Pita mantienen la medida de presión. No entienden que una empresa con contrato anulado por orden judicial siga prestando servicio diez meses después de la sentencia. Piden que se devuelva el recibo de Emalcsa y se depuren responsabilidades por la tardanza en convocar nuevo concurso para el servicio.
La Federación de asociaciones de vecinos apoya las medidas de emergencia y pide que se ejerza control sobre la actuación del STL.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña, Carlos Aymerich, consideraba en días pasados en declaraciones a Radio Coruña SER que el Concello tiene el amparo de la ley para declarar la emergencia sanitaria a pesar de que haya una convocatoria de huelga en marcha. Se basa en el artículo 38 da Lei de Sáude Pública de Galicia, "que habilita aos Concellos ao obxecto de proteger a saúde pública a adoptaren calquera medidas axustadas a legalidade que estén sanitariamente xustificadas".
Subraya que estamos hablando de un servicio gestionado por una empresa privada y el Ayuntamiento tiene derecho, además, a imponer penalidades incluso llegando a suspender el contrato. El Profesor advierte de que los trabajadores podrían pretender el rescate para llegar a convertirse en personal del Concello. Recuerda no obstante que las prácticas del STL no son las de un sindicato al uso, según la investigación que se desarrolla en el juzgado. El Concello está habilitado además para reclamar el coste de las medidas extraordinarias a la empresa con imposición de penalidades o rebaja del precio de un servicio que no está prestando de forma adecuada.
Tras una reunión con la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña, Inés Rey ha comparecido ante los medios para explicar las medidas que adopta el Ayuntamiento "de forma inmediata" para "poner fin a la huelga de recogida de basura y a la situación" derivada de ella.
El Ayuntamiento ha enviado un requerimiento a Prezero en el que da 72 horas para que "tome las medidas necesarias para devolver la ciudad a la normalidad y a una situación óptima de salubridad".
En caso de que esto no suceda, el lunes 22 a las 8 horas declará "la emergencia sanitaria en la ciudad" y contratará a otra empresa -con cargo a Prezero- para la "recogida de forma excepcional" de la basura porque en este momento "se dan las condiciones sanitarias, medioambientales y legales".
Lo que ocurre en la actualidad, según Rey, es "un chantaje a la ciudad" en un momento de la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario, en que asegura que no sabe lo que piden con estos paros, que en teoría son intermitentes, aunque en la práctica han sido diarios y han anunciado que serán indefinidos a partir de agosto.
Por eso ha apelado a "no ceder ante estos conflictos y no resolverlos" porque "se acabó el tiempo de las cesiones y llega el tiempo de las soluciones" de manera que espera que esta respuesta sirva "a largo plazo", si bien asume el "coste" que le supondrá.
"La ciudadanía merece más, merece firmeza, merece rigor y merece determinación para acabar con una situación injusta", ha proseguido.
Esta decisión llega tras semanas de recopilar "todas las pruebas con informes policiales, medioambientales y jurídicos" y después de una noche con diez incendios urbanos iniciados en contenedores -los daños en el mobiliario urbano suman unos 250.000 euros-, en una serie de "prácticas de carácter violento que ponen en riesgo a la ciudad".
"Atentar contra el patrimonio público y poner en riesgo la vida de los ciudadanos excede cualquier tipo de reivindicación", ha lamentado y ha avanzado un refuerzo en la vigilancia policial tras una noche con cuatro identificados por su supuesto vínculo con los fuegos, que forman parte de la plantilla.
