En - Colectivo vuelve a pedir el rescate de la AP-9

La asociación de consumidores En - Colectivo denunció esta semana el incumplimiento de la normativa comunitaria en la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 ante las autoridades europeas. Una demanda que lleva fraguándose años por parte de diferentes colectivos que sobre todo, se ven afectados.

Desde la asociación se ha insistido en que el Gobierno de España " no debe oponerse" a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, porque "no le queda argumentación" para hacerlo, sino asumir el rescate de la autopista. Este sábado finaliza el plazo que la Unión Europea ha dado al Gobierno de España para exponer sus argumentos ante la segunda carta de emplazamiento de la Comisión Europea.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha expresado en diversas ocasiones que desde el Gobierno no se ve viable rescatar la autopista. En Junio expresó que dicho rescate tendría un coste de 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar entre 1.260 y 2.600 millones del coste de la transferencia a Galicia. Rechazó así tal medida.

En-Colectivo ha advertido de que, tras un primer intento del Gobierno de acogerse a una excepcionalidad para validar la prórroga de la concesión (aprobada por el Ejecutivo de Aznar en el año 2000) "ya no queda más argumentación". Según ha apuntado a Europa Press su presidente, Diego Maraña, "la Comisión ya dejó claro que hubo un incumplimiento de la ley, y que la intención clara de la prórroga de la concesión era revalorizar la autopista para su venta".

La denuncia se puso porque no se cumplió con la normativa europea en materia de licitación. La prórroga de 25 años, se aprobó sin convocarse un concurso público. La asociación ha insistido en que recuperar la AP- 9 para lo público es menos grave que mantener la autopista con peajes hasta el 2048. También ha recordado que "en 56 años, solo se ha amortizado el 40 % de la autopista".

A las puertas de que expire el plazo que la Comisión ha dado, ha vuelto a pedir al Gobierno que no se oponga a la carta de emplazamiento y anule la concesión, y que abone la indemnización " que determine un juez" a la empresa.

Finalmente, ha lamentado otra vez que el Ejecutivo no haya cumplido el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura con el BNG, "dejando a los gallegos de últimos, mientras que le da todo a Cataluña".