EnColectivo ante la respuesta del gobierno sobre la AP9: "Parece que los gallegos estamos fuera del interés general de España"
El gobierno alega "indefensión" en su respuesta a los expedientes de la Comisión Europea por la ampliación de la concesión de la AP9
A Coruña
Primeras reacciones a la respuesta del Gobierno central frente al expediente infractor abierto por la Comisión Europea por la ampliación de la concesión de la AP-9, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar. Alega "indefensión" y considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión "más de 20 años después". La asociación Encolectivo, que promovió las iniciativas que han llevado al presente expediente critica que el gobierno aduzca razones de "interés general" para rechazar la reversión del proceso. "Parece que los gallegos estamos fuera del interés general de España", asegura su portavoz Diego Maraña. La ampliación decretada hace 24 años supone el pago de peajes hasta 2048.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que la operación de rescate de la concesión supondría el abono de unos 4.000 millones de euros. En Colectivo advierte de que la valoración de la operación ha oscilado de los dos mil millones a los cuatro mil y critica que el Ministro no haya aportado ningún estudio objetivo sobre el coste real de la operación.
El ejecutivo considera que la normativa comunitaria sobre contratación pública no se puede aplicar a la ampliación de la concesión, como pretende la Comisión, porque concurren los requisitos de la llamada excepción 'in house', ya que la concesionaria estaba controlada en ese momento por el Estado, y quedaba vedada la participación de accionistas privados en la operación. Recuerda EnColectivo que la comisión europea ya invalidó este argumento y reprochó en el segundo expediente abierto que el gobierno Aznar amplió la concesión de la autopista sabiendo que la iba a privatizar e iba a aumentar su valor de venta posterior y aporta pruebas al respecto.
Fue la empresa Itínere, con la inmobiliaria Sacyr Vallehermoso como accionista mayoritaria la adjudicataria que vendió la autopista con pingues beneficios posteriormente a Citygroup. Ahora es propiedad de un fondo de pensiones holandés y se mantiene el pago de peajes.
Recibida la respuesta la comisión debe realizar un nuevo dictamen archivando el procedimiento o instando al rescate de la concesión. Si el ejecutivo no cumple será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que emita una sentencia de obligado cumplimiento con multas diarias muy importantes en caso de dilación, según EnColectivo.
