La prórroga de la AP9, más cerca de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Santiago de Compostela

Tras la respuesta dada por el gobierno central al expediente abierto en Bruselas, entidades y partidos políticos creen que la Comisión Europea acabará por llevar a los tribunales la prórroga que ampliaba hasta 2048 la concesión de la AP9, prórroga a la que dio luz verde el gobierno de José María Aznar. Desde 'En Colectivo' defienden que solo hay dos escenarios posibles: o un archivo que no ven probable o que el asunto acabe judicializado. Y es que sostienen que no es tan habitual que la Unión inicie un expediente sancionador si no ve claros indicios de ilegalidad.

El eurodiputado socialista, Nicolás Casares cree que la Comisión Europea no va a aceptar la respuesta del gobierno español, por lo que espera que se llegue a un acuerdo y el gobierno cumpla la legalidad europea. En una reunión con la comisión le informaron que estaban esperando la respuesta del gobierno español, pero que no se creían la excepción in house que alega el ejecutivo, esto es, la no aplicación de la normativa de contratación por ser en aquel momento Audasa una empresa pública. Espera que cambien de postura ya que, de negociarse un acuerdo, el caso podría acabar en el Tribunal Europeo. Al eurodiputado le preocupa que el gobierno se mantenga firme porque sabe que Europa no va a ceder en ningún caso.

Este mismo miercoles la eurodiputada nacionalista Ana Miranda solicitaba información a la Comisión en relación a este expediente. Cree que va a quedar demostrado que la prórroga fue completamente ilegal y no entiende la posición del actual ejecutivo que, sostiene, debería dar mejores explicaciones para lograr el objetivo final que es la gratuidad de la autopista. Desde el Partido Popular prefieren ser cautos y esperar a que finalice el procedimiento en Europa. El portavoz de infraestructuras del partido en Galicia, Roberto Rodríguez, defiende la prórroga de Aznar y dice que no es la única que se llevó a cabo durante la concesión.

Indefensión

Es lo que alega el ejecutivo central ante el expediente de infracción abierto por Bruselas. Sostienen que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión "más de 20 años después" con base a una jurisprudencia en la que, sostienen, no es posible apoyarse en este caso. El Gobierno insiste en que la normativa comunitaria sobre contratación pública no se puede aplicar a la ampliación de la concesión de la AP9 porque la empresa estaba en ese momento controlada por el Estado. Es el principal argumento que esgrimen para rechazar que resulten de aplicación los principios de igualdad de trato y de transparencia.