Europa no acepta los argumentos del Gobierno para defender la prórroga de la concesión de la autopista AP-9

A Coruña

Una vez la Comisión Europea ha comunicado a los eurodiputados con representación en Bruselas que no está dispuesta a aceptar los argumentos esgrimidos por el Gobierno de España para mantener la prórroga de la concesión decretada por parte del gobierno Aznar, se abre un escenario de propuestas y negociación. Debe ser el gobierno el que proponga salidas a la comisión antes de que se dé el paso siguiente, el traslado de este escenario irregular al Tribunal de Justicia de la Unión que dictaría sentencia de obligado cumplimiento que incluirían costosas multas diarias si se mantiene la situación actual.

Europa tiene claro que la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, se adoptó para valorizar la infraestructura de cara a su privatización, y había informes del gobierno Aznar en ese sentido. Una actuación que considera irregular y debe ser enmendada.

Reacciones de los partidos políticos

Para el eurodiputado socialista Nicolás González Casares la salida posible sería un rescate de la concesión o la convocatoria de nuevo concurso. Sea como sea es el gobierno el que debe realizar propuestas en un escenario de negociación que puede prolongarse unos dos años antes de que la Comisión acuda a los tribunales.

Desde el BNG, la eurodiputada Ana Miranda considera que estamos en un escenario ideal para lograr la supresión de un peaje injusto que perjudica de forma cotidiana a todos y la economía gallega en su globalidad. Esa prórroga fue una concesión a dedo, dice, totalmente ilegal y el Bloque ha encargado un informe a la UDC para ratificarlo. Pide al PSOE que cumpla los acuerdos suscritos con el Bloque sobre la AP9.

El PPdeG ha recordado que la Xunta ha encargado un estudio para conocer el coste real de la transferencia a Galicia. Un dato que permitirá, a su juicio, determinar también el coste del rescate de la concesión. No entendería que se convocara de nuevo el concurso. El diputado Roberto Rodríguez, que considera que las decisiones sobre la AP9 han sido, dice, "ajenas" a Galicia.

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Fue la empresa Itínere, con la inmobiliaria Sacyr Vallehermoso como accionista mayoritaria, la adjudicataria de la autopista una vez se pridujo su privatización. Luego vendió la autopista con pingues beneficios a Citygroup. Ahora es propiedad de un fondo de pensiones holandés y se mantiene el pago de peajes hasta 2048.

En-Colectivo repite que cuesta más mantener concesión en la AP-9 que rescatarla y ve "preocupante" la posición estatal

La asociación de consumidores En-Colectivo ha insistido este jueves en que es más costoso para las arcas públicas seguir mantiendo, hasta 2048, la concesión de la autopista AP-9, que rescatarla y pagar la indemnización correspondiente, y ha calificado de "preocupante" la posición del Gobierno de España ante el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, al insistir en unos argumentos que las autoridades europeas ya han rechazado.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación, Diego Maraña, ha advertido de que "es francamente preocupante" que el Gobierno de España utilice expresiones como "indefensión" o "inseguridad jurídica" en su respuesta a la Comisión, cuando ésta se limita a "defender la legalidad", que "no se cumplió" en la prórroga de la concesión aprobada en 2000 por el gobierno presidida entonces por José María Aznar.

Tras recordar que la autopista AP-9 es la única vía que comunica Galicia de Norte a Sur, sin tener otra alternativa equiparable, Diego Maraña ha recordado que esta infraestructura, tras más de medio siglo, aún no se ha amortizado y genera un beneficio del 40 %. "Cualquier juez, en una reclamación por lucro cesante, puede preguntar a Audasa por la amortización y echar cuentas, porque tuvo beneficios que no le corresponderían", ha apuntado.

Por otra parte, ha cuestionado las cifras aportadas por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que cifró en 6.000 millones el coste de rescatar la concesión y transferir la autopista a Galicia. "Hablan de cifras astronómicas, pero no aclaran de donde salen", ha incidido, antes de recordar que la propia concesionaria estimó la compensación en 2.200 millones, una cifra ratificada por el Consejo de Estado, que expuso que el coste de mantener la concesión "sería mucho mayor".

"Si hubiera voluntad política, hace unos años que la AP-9 sería gratuita", ha subrayado el presidente de En-Colectivo, que ha vuelto a lamentar que "los gallegos son españoles de tercera" para el Gobierno que, sin embargo, "sí tiene dinero para otros territorios, como Cataluña".