El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que actúe ante las condiciones del servicio de ambulancias en Vigo
La asociación pide la "intervención inmediata" ante la situación de precariedad de medios en la que trabaja el personal del servicio sanitario según denuncian los sindicatos
Ambulancias del 061 / Xunta de Galicia
Vigo
La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado este martes al Fiscal jefe de la Fiscalía de Vigo, Óscar Vladimir Vallejo Torres, su "intervención inmediata" ante la denuncia de los sindicatos CIG, CCOO y USO de que los profesionales de las ambulancias de servicio programado en el área sanitaria de Vigo están trabajando en unas condiciones laborales y materiales precarias.
"La situación es un grave peligro para los pacientes", señala la asociación en su misiva, en la que afirma que las ambulancias atienden urgencias para salvar vidas y denuncia "abandono y dejación de funciones" que ponen "en grave riesgo a las personas y a los trabajadores que les obligan a hacer su labor en una situación caótica".
Los sindicatos denunciaron ayer que en el área sanitaria de Vigo faltan fungibles, hay problemas de repuestos para los desfibriladores, así como problemas con los trajes EPI, y que las ambulancias están en mal estado mantenimiento, por lo que sospechan que ahora mismo no pasarían la ITV.
"Cuando en tu hogar no limpias la casa, los primeros día coge un poco de polvo pero al cabo de unos días aquello es una cuadra, y eso es un poco lo que nos pasa aquí", ha dicho a EFE Alberto Blanco, representante de la CIG, según el cual "los pacientes se están viendo perjudicados con la merma de la calidad" y ya hay algunos que están quejándose de "retrasos en los servicios".
El Defensor del Paciente habla de "descerebrados políticos que no hacen nada" para remediar una situación y cita el artículo 111 de la Ley General de Salud, la cual afirma que "la promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva".
La petición de que la fiscalía actúe se basa también, dice la asociación, en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga "a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".