El juicio del MV Karar se retoma esta semana tras un mes de parón y su traslado de Vigo a Pontevedra

El juicio del alijo de 3.800 kilos de cocaína a bordo del MV Karar, en el que hay 28 procesados, se retoma esta semana sin que se haya producido la declaración del principal testigo de la Fiscalía, un ex inspector jefe de Pontevedra que está de baja médica e investigado en Murcia por supuesta relación con el narcotráfico.

La imputación de este funcionario continúa dando armas a las defensas para desacreditar su condición de instructor de diligencias.. Este imputado, al que se dirigían como 'Big Boss' o 'MacMillan', estuvo durante más de dos décadas vinculado al Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de Galicia y dirigió la investigación inicial del Karar que dio como resultado el arresto de Juan Carlos Santórum, señalado como jefe del grupo criminal, y de los otros 27 procesados, entre ellos su hermano y un funcionario de Aduanas al que sorprendieron con 368.000 euros en dos bolsas de plástico en Madrid.

Ante la proximidad de las nuevas sesiones de esta vista oral, por ahora en los juzgados de Pontevedra al estar ocupada la macrosala de la Cidade da Xustiza de Vigo, la abogada penalista Carmen Ventoso, que defiende a ocho de los acusados, está convencida de que no hay forma solvente de relacionar a los que se sientan en el banquillo con la droga que portaba el remolcador.

"Leyendo lo que los medios de comunicación han publicado sobre el procedimiento de Murcia y lo que se le imputa al ex inspector, podríamos preguntarnos si, llegado el momento, se ha tratado de cargar a mis patrocinados el Karar y punto", ha manifestado Ventoso a la Agencia EFE.

El inicio del juicio fue "muy revelador"

Encuentra esta representante legal, en una entrevista recogida por la agencia EFE, "revelador", de hecho, que todo sucediese según lo previsto. "Cómo comenzó el juicio fue muy revelador. Anunciamos antes de que sucediera, antes de entrar a juicio, que los marineros del Karar se iban a confesar culpables con la finalidad de obtener una rebaja de pena por parte del Ministerio Fiscal y así ha sucedido".

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"Hemos visto cómo, preguntados por sus abogados, algunos deletreaban torpemente una palabra, que eran las supuestas coordenadas que se decía que estaban escritas en una nota supuestamente encontrada en una nave atribuida a los acusados", ha añadido. No obstante, al pedir que se exhibiese la misma para ver qué figuraba en ella, dijeron "que no estaba, que se había perdido".

Se trata de las coordenadas que presuntamente aparecieron anotadas en una nave inspeccionada y que supuestamente coincidían con las del puente del mando del buque, cuya carga, incautada, ha valorado el Ministerio Público en 127 millones de euros.

Así las cosas, esta letrada cuestiona abiertamente que la acusación pueda "apuntalarse" con un bidón del que "sin análisis" se dice que tenía gasolina, también un tanque hinchable que sólo puede ser para "agua de la ducha" y que no se analizó, o con una embarcación "trasladada a plena luz del día" de la que se indica que "se estaba ocultando".

También alude esta abogada al hecho de que las declaraciones de subordinados del ex inspector jefe se estén produciendo tras un biombo.

La petición de biombo

"Nunca en la Audiencia de Pontevedra se vio que todos, todos los testigos de la acusación, quieran un biombo para taparse. De ahí que alguna defensa se pregunte si el motivo es porque saben que están mintiendo, al decir que hicieron o vieron lo que no hicieron ni vieron, y no quieren que les pongan cara los acusados", desliza, y hace hincapié en que "algunos de los agentes" que están en el punto de mira por si hubiese implicación con este mando en la causa que tiene abierta "están llamados también a declarar en el Karar".

Por otro lado, sostiene esta fuente que es "raro" que testigos que trabajan mano a mano y que comparten oficina no hablen de lo que se les pregunta, pese a que la ley diga que los testigos no pueden comunicarse entre ellos para que no preparen los interrogatorios.

"Ya si tenemos que un testigo llevaba varias páginas de notas, como ha ocurrido en este juicio, y ha quedado así grabado y unido a las actuaciones por petición de las defensas, apaga y vámonos", espeta. "Pero bueno, hay que luchar por lo que uno cree, porque es bueno para el alma. Confío en que el tribunal no vaya a ponerse de perfil y que triunfará la verdad sobre las apariencias".

La causa abierta en Murcia

A la espera de qué depare la continuación de este juicio, en Murcia, tras levantarse el secreto sumarial de un caso del que entiende el juzgado de instrucción número siete y que llevó a la detención del ex jefe de Pontevedra, que quedó en libertad provisional con retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional, la atención se centra en una trama que se habría enriquecido con envíos de droga a España a través del Atlántico.

Por los mismos hechos que este ex inspector gallego fue arrestado el antiguo jefe de grupo de la Unidad contra la droga y el crimen organizado de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, en sendos casos por, supuestamente, relacionarse ambos con el contacto de los narcos, el intermediario que ejercía de nexo, al que daban protección.

Tal y como aparece en el sumario, al que la Agencia EFE ha tenido acceso, le dejaban llegar a acuerdos con las bandas, se permitía cargar la droga en Colombia, mandarla, y, una vez en España, satisfecho el pago, en operaciones policiales "ad hoc" se incautaría la mercancía durante el traslado antes de que llegase a los compradores. Ahí, se repartiría el dinero y no habría detenciones de narcos.

Lo importante era, se desprende, el dinero por adelantado y no arriesgarse a que la carga llegase a los destinatarios sin ese pago (que se canalizaba por criptomoneda) asegurado.

"No se va a hacer nada si no hay plata por delante, ya lo sabes", es una de las frases atribuidas al ex inspector de Pontevedra, que facilita al intermediario una serie de datos y muestra preocupación incluso con un "número identificativo" de un contenedor que le hace llegar, porque es "rastreable".

Las penas que pide el Ministerio Fiscal

En el caso del Karar, el Ministerio Público solicita 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros para Juan Carlos Santórum, considerado como jefe de la organización que se prepararía para recepcionar la cocaína que iba a bordo del buque.

Para su hermano, así como para el funcionario del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera, la mujer de éste y otras 24 personas, solicita la Fiscalía trece años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del trabajador de Aduanas pide, además, cuarenta años de inhabilitación absoluta y otros seis años de cárcel, mismo tiempo de prisión que para su mujer, además de una multa de 1,47 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Entre los 28 procesados hay doce gallegos, nueve de Nepal, cinco de Bangladesh, uno de Colombia y otro de Uruguay, aunque con domicilio en Galicia.